Una lupa sobre la Cobertura Universal de Salud devela las verdaderas intenciones del Gobierno

El Gobierno nacional pretende avanzar con el decreto 908/2016 que modifica el sistema de salud público en nuestro país. De ser similar al modelo de países Latinoamericanos como México, Chile o Colombia, los cambios estructurales estarán promovidos por entidades como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo o incluso la Fundación Rockefeller. Con el nuevo sistema, desde la gestión de Mauricio Macri prometen “el pleno goce del derecho a la salud” para 15 millones de personas sin obras sociales, pero sindicatos y especialistas encienden una alarma.

Es que desde el sindicato que nuclea a los médicos bonaerenses, CICOP, denuncian que se trata de un programa que “promueve la segmentación de la población y la privatización de la salud” ¿De qué forma? Si bien aclaran que aún no está definida la implementación, explican que las personas tendrán un carnet de salubridad con un monto limitado para acceder a determinadas prestaciones como atención médica, radiografías o insumos durante un año. Agotado el saldo, deberán recurrir a recursos económicos privados.

“Se proponen una transferencias de recursos del sistema público al privado. En verdad van a generar una lista de asegurados y estas personas van a tener determinada capacidad de compra en el mercado de salud que va a depender de los montos que disponga”, detallaron médicos en diálogo con este medio.

Por su parte, el ex ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Alejandro Collia coincidió con algunos aspectos de los sindicatos y salió a cruzar la iniciativa. “Seguramente va a haber una canasta con una cantidad limitada de estudios u operaciones y después tendrán que recurrir a los recursos de su bolsillo, el de un familiar o amigo”, apuntó en entrevista con Qm Noticias y agregó: “Lo que hay que lograr es generar mayor accesibilidad y equidad porque las otras personas están en la seguridad social, obras sociales o medicina privada”.

Así, el CUS, que se espera entrará en vigencia el año que viene, tendrá un primer impulso gracias a las negociaciones entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno. Es que, según trascendió en distintos medios nacionales como La Nación y Clarín, los gremios ofrecieron 8.000 millones de pesos de los 30.000 millones recibidos para la creación del Fondo Solidario de Cooperación, el cual será el puntapié inicial para lanzar el programa.

El trasfondo del acuerdo, apuntan desde CICOP, es que, por un lado, la CGT recupere los 30 mil millones de pesos que le debía el Gobierno kirchnerista a cambio de otorgar “gobernabilidad” a la gestión macrista. “Las obras sociales sindicales están en banca rota o semi privatizadas, entonces los secretarios generales de la CGT necesitan continuar sus propios negocios. El Gobierno les devuelve lo adeudado y ellos ceden solo una parte. A cambio prometen gobernabilidad”, aclaran.

De llevarse a cabo, resta por ver cómo continuará financiándose el CUS más allá de los fondos aportados desde la CGT, que no son ni más ni menos que el aporte de los trabajadores sindicalizados. Por el momento una prueba piloto fue lanzada en Mendoza, y se espera un relevamiento a nivel nacional.