Qué dice el “Pacto fiscal” que promueve Vidal para controlar las cuentas de los Intendentes

La administración Vidal busca que su idea de responsabilidad fiscal cunda entre los Intendentes. Para ello, planteará una ley que establece beneficios, como asistencia financiera y autorización para contraer endeudamientos, a los que cumplan una serie de metas de administración.

El Gobierno bonaerense buscará a través de un “Pacto fiscal” con los municipios hacer que cunda la idea de austeridad que pregona. Para ello, impulsará junto al Presupuesto y la Ley Impositiva el debate de una ley, a la que las comunas podrán adherir o no, y que establece un sistema de premios para aquellos que cumplan cuatro metas específicas.

El equipo de Vidal ideó el “Pacto fiscal”, de adhesión voluntaria pero con carácter de ley, que tiene consecuencias muy específicas para el caso de que las comunas no cumplan con cuatro metas puntuales

En concreto, la normativa busca que los municipios alcancen “metas” que tienen que ver con el uso responsable de los fondos de los que disponen. La evaluación que la Provincia hace de la situación de las comunas es mejor que la de hace dos años, cuando no podían hacer frente al gasto en sueldos y aguinaldos. No obstante, preocupa el crecimiento del empleo público municipal y la heterogeneidad en el valor de las tasas que “sugiere” armonizar.

Algo de eso se vislumbró hace algunas semanas cuando la propia gobernadora vetó mediante un decreto dos leyes de expropiación bajo pretexto de que las comunas que debían hacerse cargo del gasto no habían demostrado la solvencia necesaria. Es decir, en esa instancia cuidó, desde donde pudo, el erario municipal de Itzaingó y de Ramallo.

Lo cierto es que, a pesar de la preocupación, la Provincia no tiene demasiado margen para incidir en el manejo económico de los municipios porque estos son autónomos: formulan y sancionan sus propios presupuestos, establecen el valor de las tasas y gastan los fondos propios sin rendir cuentas al Gobierno.

Por eso el equipo de Vidal ideó el “Pacto fiscal”, de adhesión voluntaria pero con carácter de ley, que tiene consecuencias muy específicas para el caso de que las comunas no cumplan con cuatro metas puntuales:

La primera es que el gasto aumente al ritmo de la inflación sin desbocarse. La segunda tiene que ver con el crecimiento de la planta municipal, con la premisa de que vaya en sintonía con el incremento poblacional, que se estima en 1.5 por ciento anual.

La tercera tiene que ver con el endeudamiento y parece la de más fácil cumplimiento a la luz del cuadro actual: se busca que el endeudamiento no supere el 8 por ciento de los recursos. Por último, se busca que los intendentes asuman el compromiso de dejar administraciones ordenadas a sus sucesores.

¿Cómo se implementaría? Con la prohibición de no incrementar el gasto corriente en el último semestre de mandato. Este punto tiene que ver con la idea de no repetir lo que pasó en 2015, cuando los intendentes que asumían su primer mandato se encontraron con verdaderos descalabros en las arcas municipales.

Los premios para quienes alcancen estas metas son las autorizaciones para contraer deuda y la asistencia financiera en caso de imponderables como inundaciones o sequías. El castigo es el opuesto.