Se conocieron los puntos centrales de la reforma previsional oficial

El Gobierno busca avanzar en la modernización del Estado y para eso ya definió los principales ejes de la modificación que realizará en el sistema jubilatorio. Cuestiones claves que cambiarán la vida de millones de argentinos

Nuestro sistema previsional esconde serias inequidades y no es sustentable”, dijo el pasado 30 de octubre el Presidente Mauricio Macri en el Centro Cultural Kirchner, a la hora de presentar el plan de reformas que tiene pensado ejecutar antes de fin de año para modernizar el Estado y hacerlo viable de cara al futuro.

Entre los proyectos centrales se encuentran la reforma laboral y tributaria, pero a la vez también se planea llevar a cabo una modificación medular en el sistema jubilatorio, que sirva para insertar al país en el siglo XXI y dejar de lado las “vetustas” leyes que vienen de la centuria anterior.

Así, a pesar de que el oficialismo mantiene bajo siete llaves la letra chica de la reforma previsional que llevará adelante, ayer se conocieron algunos puntos centrales de la misma. Entre ellos, se buscará dejar atrás el régimen de movilidad jubilatoria, instaurado por ley en el año 2009, y cambiarlo por un ajuste trimestral que se hará tomando como base los valores del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Para el oficialismo, esta medida hará que los jubilados no pierdan ante la inflación y sus haberes siempre estén equiparados con el aumento de precios que se dé en la Argentina. Sin embargo, esto es criticado desde diversos sectores de la oposición, que entienden que de este modo se tirarán “hacia abajo” las jubilaciones de la clase pasiva, marginándola a una situación de pobreza estructural.

Uno de los apartados que despierta debate es aquel que habla del advenimiento del ahorro privado, que en el país se llamaría “ahorro voluntario”. Esto le permitiría a la gente la posibilidad de sumarse a un régimen de jubilación privado paralelo al oficial, con una cuenta abierta en una entidad bancaria, que a muchos recuerda lo que significaron las AFJP en la década de los 90.

 

Más cambios

Otro punto que genera discusión y que es el que mayor negociación parlamentaria suscitará en las próximas semanas es aquel que se refiere a la posibilidad de aumentar la edad jubilatoria en los regímenes especiales. De este modo, se pasaría en los hombres de los actuales 65 años a los 67, mientras que en las mujeres se incrementaría de los 60 a los 62 años, principalmente por el aumento en la esperanza de vida de los argentinos.

Este último punto ha alterado la negociación con las organizaciones gremiales, que anunciaron que no aceptarán una modificación obligatoria en la edad jubilatoria. Por eso, por estas horas se estaría negociando un cambio optativo, de acuerdo al cual será cada persona la que decida si acepta o no incrementar su período laboral.

A los puntos señalados con anterioridad se le agregan otros que sí han sido consensuados con la mayoría de las fuerzas de la oposición. Este es el caso de la eliminación total de las jubilaciones de privilegio, que han llevado a que muchos exfuncionarios, exjueces y exembajadores perciban haberes por encima de los 350.000 pesos mensuales, pagados por todos los argentinos.

A esto se le suma la convocatoria que habría al “Consejo de Sustentabilidad Previsional”, creado por la Ley de Reparación Histórica, que fijó un plazo de hasta tres años para proponer un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”, y que es una de las claves del Gobierno en su negociación con la oposición para sustentar el sistema jubilatorio para las próximas décadas.

 

Una fórmula complicada y en debate

La idea central del Gobierno nacional es que con esta reforma previsional se pueda reducir el gasto público en alrededor de 100.000 millones de pesos anuales, lo que permitiría paliar el déficit fiscal que tiene la administración pública.

Los cambios a la Ley 26.417, que establece el régimen de movilidad jubilatoria, levantan gran polvareda en el Congreso nacional, donde los sectores opositores acusan al Ejecutivo de buscar en realidad una “disminución” en los haberes jubilatorios al proponer un sistema de ajuste trimestral por inflación.

De allí que adviertan que, sin la fórmula actual de movilidad jubilatoria, los aumentos que hubo en marzo y septiembre de este año, que fueron del 12,96% y el 13,32% respectivamente, habrían sido del 9,16% y el 11,80%, lo que habría significado una quita de 335 pesos en el salario de los adultos mayores.

Incluso, hablan de que el aumento que correspondería al mes de marzo de 2018, que sin cambios en el sistema debería rondar entre el 20% y el 23%, en caso de ser modificado como pide el Ejecutivo nacional se reduciría al orden del 14% al 16%, una baja considerable que repercutiría de lleno en el haber mínimo.

En caso de aprobarse los cambios propuestos por el Gobierno, de acuerdo a los expertos la Anses pasaría a recibir menos plata. Esto se sumaría, además, a las apelaciones que el organismo público viene realizando ante los fallos de Cámara por reajustes de haberes de los jubilados que no aceptan los menores índices de la Ley de Reparación Histórica.

 

Entró al Congreso el proyecto para cambiar el sistema impositivo

Acorde a su idea de “reformismo permanente”, el Ejecutivo envió ayer a la Cámara de Diputados de la Nación su proyecto de reforma impositiva, que impone cambios sustanciales en el régimen tributario argentino. El oficialismo espera que sea tratado en el Parlamento antes de las fiestas.

El encargado de llevar adelante la iniciativa fue el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. De este modo, se confirma el impuesto a las gaseosas azucaradas, cambios en Ganancias, IVA, seguridad social y otros varios tributos. Además, se incluyen modificaciones al régimen penal tributario.

El texto final del proyecto, que en sus 220 páginas contiene doce capítulos, gravará además, como se venía sosteniendo desde el Gobierno, la renta financiera y sus millonarias ganancias anuales “cuando la determinación de la ganancia neta de los sujetos, proveniente de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones, cuotas y participaciones sociales, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como por la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles, estos quedarán alcanzados por el impuesto a la alícuota del quince por ciento”.

Además, el proyecto habla de un impuesto cedular del 5% que se aplicará en depósitos bancarios, títulos públicos, obligaciones negociables, cuotapartes de fondos comunes de inversión, títulos de deuda de fideicomisos financieros y contratos similares, bonos en pesos, mientras que el gravamen para los que sean con moneda extranjera será del 15%.