El Senado aprobó la reforma previsional, el consenso y responsabilidad fiscal

La Cámara de Senadores aprobó por amplio margen, y giró a la Cámara de Diputados, los proyectos de ley de reforma previsional, el consenso y la responsabilidad fiscal, acordadas entre 23 gobernadores de provincias y el Poder Ejecutivo Nacional, tras un extenso debate que terminó cerca de la medianoche, tras más de ocho horas de discusión.

El proyecto de reforma previsional fue aprobado por 43 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones en general, mientras que en su votación particular recibió el respaldo de 42 senadores y 24 en contra. El consenso fiscal, en tanto, fue aprobado en general y en particular por 52 votos contra 15, y dos abstenciones; mientras que el proyecto de responsabilidad fiscal obtuvo la adhesión de 53 legisladores, 14 votaron en contra y hubo dos abstenciones.

La ley previsional incluye propuestas sobre aumentos de haberes por encima de la inflación, 82% móvil a los beneficiarios de la jubilación mínima y la extensión optativa de la edad jubilatoria a los 70 años.

Sin embargo, la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo sufrió algunas modificaciones, en comisión, propuestas por la oposición para que el cálculo se haga en base a una combinación de «un 70 por ciento del índice inflacionario y un 30 por ciento de la variación de salarios», en lugar de tener en cuenta sólo la inflación y el crecimiento del PBI, como establecía el texto original que también incluía una actualización de haberes cada tres meses, indicación que quedó en el dictamen.

Por otro lado, el Estado Nacional garantizará a los beneficiarios de la Prestación Básica Universal (PBU) que acrediten treinta años o más de servicios con aportes efectivos, el pago de un suplemento dinerario hasta alcanzar un haber previsional equivalente al ochenta y dos (82 %) del valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil». Como tercera modificación, el proyecto contempla extender en forma optativa la edad jubilatoria hasta los 70 años.

En tanto, el proyecto de consenso fiscal firmado por el Gobierno nacional, la ciudad autónoma de Buenos Aires y las provincias, excepto San Luis, incluye modificaciones tributarias y previsionales acordadas con los 23 distritos que, a su vez, desistirán de sus juicios contra el Estado nacional.

Entre los puntos acordados entre el Poder Ejecutivo Nacional y los gobernadores se destacan la derogación del artículo 104 de la Ley de Impuestos a las Ganancias, el compromiso de aprobar el proyecto de modificación de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno y adherir a ese régimen antes del 30 de junio de 2018 y consensuar una nueva ley de coparticipación federal.

Por otro lado, se acordó la compensación por parte del Estado nacional a las provincias que adhirieron al acuerdo a través de transferencias diarias y automáticas con un monto equivalente a la disminución efectiva de recursos en 2018 producto de la modificación a Ganancias mencionada en el párrafo anterior y al aumento de la asignación específica del Impuesto al Cheque. Asimismo, se propuso actualizar trimestralmente en los años siguientes dichas compensaciones con base a la inflación y emitir un bono para las provincias y CABA a 11 años de 5.000 millones de pesos en 2018 y de 12.000 millones de pesos de 2019.

La provincia de Buenos Aires recibirá, a modo de compensación por el cambio al artículo 104 del Impuesto a las Ganancias, en particular del inciso «b» que estipulaba que 10% de lo recaudado le correspondía a dicho distrito, 21.000 millones de pesos en 2018 y 44.000 millones para 2019, montos que se actualizarán a partir de 2020 en base a la inflación. En contrapartida, el distrito bonaerense desistirá de continuar con el juicio iniciado al Estado nacional.

Un debate de más de ocho horas

La reunión comenzó vibrante. El primer tema que abordaron fue el Consenso Fiscal pero Adolfo Rodríguez Saá pidió que el dictamen sea declarado nulo: «Se trata de un tema muy importante y pido que actuemos con sensatez. Nos hemos quejado del tratamiento exprés que han tenido proyectos en el pasado, hoy tenemos un tratamiento superexpress, con un trámite irregular violando el reglamento», expresó.

La moción fue secundada por Marilin Sacnun (FpV-PJ) y por Liliana Negre de Alonso, quien aludió «vicios que no son sustentables».

Por su parte, el radical Luis Naidenoff se mostró en la vereda de enfrente y pidió que la sesión continúe su curso natural: «Acá no se trató de buscar un atajo, entendemos que este tema no es de competencia de la Comisión de Coparticipación Federal, debía ser girado a Presupuesto y a Trabajo y Previsión Social».

Luego de varios idas y vueltas, en donde hasta hubo una acalorada discusión entre Negre de Alonso y Gabriela Michetti, quien preside la sesión, por una cuestión del reglamento, los presentes votaron la propuesta de cambiar el giro del dictamen, que con 47 votos afirmativos y 18 negativos quedó rechazada. 

Inmediatamente después, tomó la palabra Ángel Rozas (UCR), quien destacó el pacto firmado entre Mauricio Macri y las provincias: «Estamos analizando un acuerdo al que arribaron 23 provincias, creo que debería ser reconocido como algo trascendente, un tremendo paso adelante en el medio de esta grieta que vivimos». 

Terminada esta disputa, se votó comenzar a debatir los tres proyectos sobre tablas, ya que no había pasado una semana -lo que requiere el reglamento- desde que tuvieron dictamen. Como ya se había acordado en Labor Parlamentaria, resultó positivo con 62 votos a favor y 8 en contra. 

Julio Cobos fue el primero en hablar: «Tenemos una alta litigiosidad entre Nación y las provincias con cifras millonarias, hay que ordenar esta situación y este es uno de los motivos del pacto fiscal. Hay que recuperar el superávit fiscal, y el esfuerzo debe ser compartido entre Nación y provincias, por eso surge la Ley de Responsabilidad Fiscal».

Y, en cierto modo, le envió un guiño a la Casa Rosada: «El Consenso Fiscal  contiene la garantía del gobierno nacional de que, al cumplir con la provincia de Buenos Aires, ninguna de las demás provincias perciba menos de lo que hoy percibe».

Quien hizo la mayor defensa al consenso alcanzado con los gobernadores fue Federico Pinedo, presidente provisional del Senado: «Considero que el acuerdo de hoy es histórico, podría terminar con un drama de la Argentina: el de un país que se destruye cada cierto tiempo porque sus gobiernos gastan más de lo posible. El esfuerzo que están haciendo los gobernadores opositores y el presidente consiste en garantizar que la Argentina no va a explotar ni dentro de 5 ni dentro de 10 años». 

Una de las voces críticas fue la de Nancy González: «Me hubiera gustado que el Gobierno haga una ley de coparticipación federal y no que estemos con estos sobornos a los gobernadores. La reforma previsional busca destruirle a los jubilados todos los beneficios que lograron hasta ahora».

Y sentenció: «Este proyecto es un caballito de Troya para desfinanciar al Anses y volver a las AFJP. Nunca votaría afirmativamente un proyecto que le baje el sueldo ni a los jubilados, ni a los trabajadores».

Magdalena Odarda también adelantó su voto negativo «a todo el paquete de reformas» por ser «regresivos en materia de derechos». Al respecto, argumentó: «El ahorro que se hace con esta reforma es en verdad el dinero que le corresponde a nuestros jubilados por años que le han dedicado al sostenimiento de nuestro país». 

En el mismo sentido se manifestó María Ester Labado: «Con esta fórmula los jubilados lisa y llanamente van a percibir menos, hagan la cuenta que hagan. Yo me formé en las convicciones que nos legaron Perón y Evita y en virtud de ello me es imposible acompañar leyes que perjudiquen a los trabajadores y a los jubilados».

El jefe de bloque del PJ-Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, dejó en claro que su voto afirmativo tiene un sabor amargo: «Nos toca la ingrata tarea de votar esta ley porque acompañamos a los gobernadores», admitió. Tampoco se ahorró reclamos para el Gobierno, a pesar de su acompañamiento al proyecto: «El Gobierno tiene que explicar, si no el hilo se corta por lo más fino. Hubo gritos hacia los senadores diciendo que eran entregadores, que están en contra de los jubilados. Este proyecto es del Gobierno, ¿está claro?». Y recordó: «Estas tres leyes formaron parte del acuerdo, que nadie se haga el distraído porque dentro estaba la cláusula previsional».

Por su parte, Fernando «Pino» Solanas se hizo eco de la muerte de Rafael Nahuel tras un enfrentamiento entre un grupo mapuche y la Prefectura: «¿A los descartados los vamos a correr a balazos? ¿Vamos a desalojar cada corte de la 9 de julio a balazos? ¿Vamos a desalojar la ocupación de cualquier predio oficial a balazos? Muy grave esto señor presidente. Un país endeudado, donde todas las promesas y planes oficiales han resultado una verdadera estafa a la credibilidad ciudadana. ¿Qué inversiones pueden venir en este marco de dudosa, débil o fraudulenta institucionalidad?».

Y sentenció: «Me resulta sorprendente que en toda la tarde no se haya mencionado un hecho de violación institucional: ha muerto un argentino asesinado por las balas de la represión gubernamental». 

Jaime Linares (GEN), también hizo referencia a este hecho: «El grave episodio del Lago Mascardi implica la clara incapacidad de la política para resolver un conflicto que está fuera de escala. Convocamos para que se hagan todos los esfuerzos para que este tipo de situaciones tengan un repudio generalizado».

E introdujo al submarino desaparecido: «Quiero solidarizarme con la angustiosa espera de los familiares que están hoy esperando noticias de lo que ha pasado con el submarino ARA San Juan».