Farmacias: otro negocio del Gobierno que amenaza a la Provincia
La semana pasada, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, recibió una buena noticia por parte del procurador interino, Eduardo Casal, quien hizo lugar a un recurso extraordinario interpuesto por Farmacity -empresa de la que Quintana es accionista- para desembarcar en la Provincia. En lo concreto, la compañía pretende que se revise la inconstitucional de dos artículos de una ley bonaerense que le impide a la firma del funcionario macrista anclarse en territorio bonaerense.
La semana pasada, el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana, recibió una buena noticia por parte del procurador interino, Eduardo Casal, quien hizo lugar a un recurso extraordinario interpuesto por Farmacity -empresa de la que Quintana es accionista- para desembarcar en la Provincia. En lo concreto, la compañía pretende que se revise la inconstitucional de dos artículos de una ley bonaerense que le impide a la firma del funcionario macrista anclarse en territorio bonaerense.
El desembarco de Farmacity perjudicaría irremediablemente a farmacéuticos y clientes, librados a la suerte de un gigante que podría disponer a su antojo de los precios de los medicamentos, en una industria donde el monopolio y la cartelización son moneda corriente.
“Por cada farmashopping que se instale en la Provincia de Buenos Aires cerrarán varias farmacias. Muchas personas quedarán sin trabajo y millones sin acceso a los medicamentos cerca de su casa”, alertaron los farmacéuticos, y criticaron que el objetivo que se esconde detrás de este avance es “hacer negocios, sin importar qué ley se interpone o las consecuencias que pueda acarrear”.
Pero las presiones pueden más. Días atrás, el juez federal Sebastián Ramos procesó al exfuncionario macrista Raúl Ramos, quien se desempeñaba en el Ministerio de Salud, bajo la acusación de haber frenado sanciones contra Farmacity luego de que se lo pidieran desde la empresa.
Pese a todo, el procurador Casal (el mismo que desplazó al fiscal que imputó a Mauricio Macri por el escándalo del Correo Argentino, Juan Pedro Zoni) respaldó el pedido de Farmacity. Aunque el Poder Judicial de Buenos Aires haya rechazado la presentación en todas las instancias. También, la Defensoría del Pueblo criticó la medida, porque “claramente beneficia al vicejefe de Gabinete, quien fundó la firma” y, pese a amagar con vender sus acciones, todavía cosecha ganancias y continuará cosechándolas aún cuando se desprenda del negocio.
Las maniobras para favorecer a la empresa de Quintana, incluso, ya abren grietas en Cambiemos: en Zárate, el bloque radical de concejales que responde al vicegobernador Daniel Salvador rechazó el desembarco de la firma. No obstante, el macrismo no acompañó y, sin más, apeló a su tibia retórica: que decida la Justicia.
