“La universidad no es un gasto, es un derecho”

Las autoridades de 28 universidades nacionales le respondieron a la gobernadora Vidal con una declaración conjunta

En un documento que difundió el CIN, los rectores señalaron que la “desafortunada” frase de Vidal “desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo”. Aportaron datos que demuestran cómo se redujo la brecha en el acceso a la educación superior.

“La universidad no es un servicio a prestar, un gasto y ni siquiera una inversión. La universidad es un derecho”, aseguraron los rectores de 28 universidades nacionales, en una declaración conjunta que ayer difundió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El texto es una respuesta a los dichos de la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, que la semana pasada aseguró que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad” y cuestionó la existencia de las universidades del conurbano bonaerense. Las máximas autoridades de 28 universidades públicas afirmaron que “basta sólo recorrer y caminar verdaderamente nuestras comunidades para ver y entender el valor de lo que hacemos”.

El escrito titulado “La universidad es un derecho para todos y todas” sostiene que la “desafortunada” frase de Vidal “desacredita y desconoce el valor de la educación superior para nuestro pueblo, al contraponerla con la inversión en jardines de infantes” y que “ignora un proceso global irreversible: la masificación y universalización de la educación superior”. El comunicado acompaña con datos la afirmación: durante las últimas cuatro décadas, la matrícula terciaria aumentó en Iberoamérica de apenas 1,9 millones de estudiantes en 1970 a 8,4 millones en 1990 y a alrededor de 25 millones en 2011. “¿Qué tipo de inserción en el mundo quieren nuestras autoridades si deciden que vayamos en sentido opuesto, incluso, a fenómenos que se dan en nuestra región?”, se preguntaron los rectores.

La declaración incluye entre sus adherentes a los rectores de las nueve universidades creadas en la provincia de Buenos Aires durante el gobierno kirchnerista, además de universidades de todo el país, como las de Formosa, Jujuy, Patagonia Austral, Río Negro, Chilecito, General Sarmiento, Patagonia San Juan Bosco, La Rioja, Lanús, Artes, Quilmes, Rafaela, Comahue, Pedagógica, Entre Ríos, Chaco Austral y otras. El documento no fue apoyado por el bloque radical de rectores, ni contó con la firma de autoridades de las universidades de La Matanza o Lomas de Zamora.

“De haberse sostenido la idea de que a la universidad solo van los ricos, poco sentido hubiera tenido construir instituciones en territorios tan poblados y donde habitan hombres y mujeres que, pareciera, solo tienen derecho a ir a un jardín de infantes”, advierte el texto.

La declaración aporta más datos a los estudios y estadísticas que comenzaron a circular luego de la frase de Vidal, que desmintieron sus argumentos:

La brecha de participación entre estudiantes ricos y pobres en la universidad se redujo de 4 a 1 en los años 90, a 1,5 a 1 para 2014.

En los últimos diez años, las universidades que se crearon en la provincia de Buenos Aires tuvieron tasas anuales de crecimiento estudiantil que van desde el 20 por ciento hasta el 90 por ciento. “¿Qué significaba esto, si no era una demanda insatisfecha por educación superior?”, se preguntaron los rectores.

En el conurbano bonaerense, entre el 70 y el 90 por ciento de los estudiantes son la primera generación de universitarios en sus familias y, entre ellos, más del 60 por ciento son mujeres y más del 40 por ciento son mayores de 30 años, personas cuya edad en algún otro momento histórico los hubiera marginado de la educación superior. “Nuestras universidades no sólo otorgan derechos a quienes tienen menores posibilidades, afectados por sus niveles de ingreso, sino que, también, se acercan a otros sectores que sufren desigualdades”, destacaron los rectores.

La declaración agrega que la postura de Vidal “también ignora el valor de las actividades diarias de docencia, investigación y extensión, que contribuyen a la solución de las necesidades de cada comunidad local y regional en la que se encuentran y a revitalizar la economía a través de la continua innovación científica y tecnológica, y su impacto sobre el desarrollo económico: aumento de la productividad, generación de nuevos productos y mayor competitividad en el mercado internacional.” Además, el escrito rescata la Reforma Universitaria de 1918, que este mes cumple su primer centenario, y su importancia en el inicio de la “des-elitización” de la universidad pública.

“Es nuestra obligación realizar todos los esfuerzos posibles para sostener la transformación de la educación superior y universitaria en un derecho humano y un bien público social realmente universal”, concluyeron los rectores, y agregaron que “no se va en esa dirección recortando gastos, cerrando puertas o presentando falsas dicotomías entre nuestras instituciones y jardines de infantes”.