El proyecto de presupuesto propone flexibilizar las condiciones para reestructurar la deuda
El CEPA realizó un análisis del texto enviado al Congreso y alertó sobre una reforma al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera. Se busca remplazar el párrafo que hasta ahora habilita al Ejecutivo a renegociar la deuda pública siempre y cuando haya una mejora en monto, plazos y/o intereses por otro que abre la puerta a una reestructuración desfavorable
Un análisis sobre el proyecto de Ley de presupuesto enviado por el Poder ejecutivo al Congreso, advierte sobre una modificación a la Ley de Administración financiera que permitiría suponer que se prepara el terreno para una reestructuración de la deuda pública en condiciones desfavorables para el país.
El estudio fue realizado por CEPA (Centro de Economía Política Argentina), que dirige Hernán Lechter, y alerta sobre una reforma al artículo 65 de la Ley de Administración Financiera (la 24.156) incluido en el proyecto que ayer, lunes, presentó el ministro Nicolás Dujovne. Recuerda el informe de CEPA que la Constitución Nacional «pone en cabeza del Congreso arreglar el pago de la deuda», pero por Ley 24.156 se establece que «El Poder Ejecutivo Nacional podrá realizar operaciones de crédito público para reestructurar la deuda pública y los avales otorgados en los términos de los artículos 62 y 64 mediante su consolidación, conversión o renegociación, en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales».
«Es decir –comenta el documento del CEPA–, el Congreso de la Nación hace una excepción al principio general que establece la Constitución Nacional en los casos de reestructuraciones de deuda, facultando a que sea el Poder Ejecutivo y no el Congreso el que lleve a cabo una reestructuración de deuda pública, pero para ello exige que en esa operación se mejore el monto de la deuda (que haya una quita), se extiendan los plazos (se estiren los vencimientos) y/o bajen los intereses. La interpretación mayoritaria de ese texto es que deben cumplirse al menos dos de los tres requisitos mencionados» .
Sin embargo, «a contramano de esta protección de los intereses soberanos del país que significa el articulo 65 hoy vigente», el proyecto de ley del Presupuesto 2019 presentado por Cambiemos «modifica el artículo 65 antes citado, reemplazando la frase que dice «… en la medida que ello implique un mejoramiento de los montos, plazos y/o intereses de las operaciones originales», reemplazándola por el siguiente texto: «… atendiendo a las condiciones imperantes del mercado financiero. De constituirse con motivo de la realización de estas operaciones un incremento de la deuda pública, se deberá afectar la autorización de endeudamiento prevista para el ejercicio respectivo. Las operaciones con cargo al presente artículo se realizarán en el marco de la estrategia plurianual de deuda que será definida por el Ministerio de Hacienda».
El informe del CEPA se pregunta: ¿se trata de un anticipo para la reestructuración de la deuda? «Modificar la regulación de las reestructuraciones, eliminando los requisitos impuestos actualmente al Poder Ejecutivo, podría estar revelando que, desde el Gobierno se está pensando en recurrir a reestructuraciones de deuda»; además, «el nuevo articulado permite suponer que las condiciones de esa reestructuración no favorecerán a la Argentina».
«Es decir –concluye el documento de CEPA– que la nueva redacción habilitaría al Poder Ejecutivo a hacer reestructuraciones, aun cuando de la reestructuración no se derive una mejora, sino que debe realizarse en las condiciones imperantes en el mercado financiero. Esta propuesta de modificación también refleja que el Gobierno, cuando menos, se encuentra analizando alguna operación de canje de deuda y busca tener cobertura legal».
Por otra parte, el mismo trabajo agrega que «desde el análisis político, una eventual reestructuración de deuda en las condiciones legales vigentes (cumpliendo dos de los tres requisitos: mejora del monto de la deuda extensión de plazos y/o menores intereses) muy probablemente no podría realizarse sin afectar intereses del sector financiero. La solución que el gobierno ofrece, en este marco, es flexibilizar las condiciones de un posible canje de deuda, perjudicando intereses nacionales».
