Las vacunas van al Fondo
La carga de intereses que genera el crédito del FMI es mayor a los fondos presupuestados para vacunas, becas estudiantiles y equipamiento escolar. Los pagos al organismo crecen de manera exponencial durante el próximo gobierno
El Estado nacional destinará el año que viene como pago de intereses sólo al FMI –es decir, sin contar el resto de los intereses de deuda– 4,5 veces el presupuesto dirigido al plan de vacunación y 5,6 veces el destinado a las becas estudiantiles. Esa inversión del orden de prioridades del gasto público se explica por el incremento del peso de la deuda externa sobre el PBI gracias al acuerdo del Gobierno con el organismo internacional, desde el 27,9 por ciento como ratio deuda/PBI en 2015 al 57,2 por ciento en 2018 y el 60,6 por ciento en 2019. La enorme carga de intereses de deuda no sólo implica una sangría de recursos fiscales que afecta a otras partidas como educación, presupuesto, vivienda y obra públicas sino que también requiere una disponibilidad de divisas que obligará al próximo gobierno a negociar la refinanciación de los créditos con el Fondo. La pasada herencia será, entre otras cosas, tener que devolver unos 45 mil millones de dólares de deuda contraída por la administración Cambiemos, calculó la Universidad de Avellaneda (Undav).
El acuerdo con el FMI consiste en un crédito de 57 mil millones de dólares. El gobierno de Macri concentra casi la totalidad de los desembolsos del organismo, pero en cambio la mayor parte de la devolución del crédito corre a cuenta de la próxima administración. A fines de este año habrán ingresado unos 28 mil millones de dólares. El año que viene los desembolsos equivalen a 22,8 mil millones, pero se pagan 1419 millones de dólares de intereses. En cambio, en 2020-2021 ingresan 5900 millones de dólares pero se pagan 7840 millones de dólares. En 2022 y 2023 ya no hay ingreso de plata del FMI pero en cambio la factura se vuelve impactante: en 2022 vencen 22.306 millones de dólares entre capital e intereses y en 2023 suman 23.475 millones. “Con semejante volumen del préstamo, Argentina pasa a ser el principal deudor del FMI con el 27,9 por ciento de los créditos del Fondo, seguida por Grecia (16,0), Ucrania (14), Egipto (10,8) y Pakistán (8,1), indica el informe elaborado por la Universidad de Avellaneda.
El enorme peso del capital e intereses del acuerdo con el FMI para 2022 y 2023 implica que si el próximo gobierno no quiere defoltear la deuda, deberá sentarse a negociar el refinanciamiento con los directivos del Fondo. En otras palabras, deberá aceptar los condicionamientos de política económica que el organismo repite como mantra alrededor del mundo. “Si bien el mayor peso de la devolución del acuerdo recae en 2022 y 2023, creo que mucho antes se va a renegociar por la separación fuerte entre la realidad y las metas planteadas. La deuda griega se renegoció siete veces”, recordó Santiago Fraschina, economista de la Universidad de Avellaneda.
Los números del acuerdo con el FMI también reflejan el grado de deterioro de la economía argentina en los últimos meses. En relación al primer acuerdo firmado a mediados de junio, se pasó de una proyección de crecimiento del 0,4 por ciento a una baja del 2,8. Para el año próximo, la mejora proyectada del 1,5 pasó a una caída del 1,7. El FMI calcula una caída del consumo privado del orden del 9,9 por ciento en 2018 y del 4,6 en 2019. Además, la inversión privada, que supuestamente el Gobierno venía a estimular, retrocedería 7 por ciento este año y 9,5 el año que viene. Según el FMI, la inversión extranjera directa el año que viene representaría un 0,4 por ciento en relación al PBI, cuando en 2015 explicaba un 1,7.
El incremento de la deuda externa tiene su correlato en el pago de intereses de la deuda. En particular, la aparición del FMI como acreedor estrella vuelve relevante la comparación con el peso de los pagos al organismo frente a otras partidas. El año que viene, el dinero que corresponde devolver al FMI es de 1400 millones de dólares. Con un dólar a 40,10 pesos como prevé el Presupuesto, implica cuatro veces el presupuesto en vacunación y 5,6 veces el destinado a afrontar becas estudiantiles. También implica más de 15 veces la inversión del Estado nacional en infraestructura y equipamiento educativo.
