Alonso, imputada por el Correo, por no haber investigado el conflicto de intereses de Macri
La fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la titular de la Oficina Anticorrupción los delitos de violación de deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia. Es por haber corrido al Presidente de la investigación del intento de condonar la deuda a la empresa Correo Argentino, de la familia Macri, con el Estado
La titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, está en la mira de la Justicia por haber desvinculado al presidente Mauricio Macri del escándalo del Correo Argentino. La referente del PRO fue imputada por la fiscal federal Paloma Ochoa por los presuntos delitos de violación de los deberes de funcionario público y denegación y retardo de justicia. La denuncia había sido presentada por diputados del Frente Renovador, luego de que Alonso corriera al presidente de las investigaciones, hace cinco meses.
El año pasado, el Estado aceptó condonar cerca del 99 por ciento de la deuda que contrajo la empresa vinculada a la familia del presidente. Pero Alonso no quiso investigar ese conflicto de intereses. El 17 de junio, en una medida para consolidar la protección a Macri, la OA resolvió que no hubo faltas a la ley de Ética Pública en la decisión de aceptar la oferta de la empresa controlada por el Grupo Macri, que buscaba saldar su deuda con el Estado en concurso preventivo.
Los legisladores nacionales Graciela Camaño, Alejandro Grandinetti y Cecilia Moreau denunciaron el 17 de octubre pasado a la titular de la OA por la decisión que plasmó en la resolución 2018-24 «cuya evidente finalidad perseguía desligar de responsabilidades» a Macri, al ex ministro de Comunicaciones y actual de Defensa, Oscar Aguad, y al entonces director general de Asuntos Jurídicos de Comunicaciones, Juan Manuel Mocoroa. Ahora Ochoa ordenó la imputación de Alonso y ya pidió las primeras medidas de prueba de la causa, a cargo de la jueza federal María Servini de Cubría.
A principios de 2017, la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquín, había cuestionado duramente la aceptación de la oferta por parte del Estado y consideró que al acuerdo para el pago hubiera sido “abusivo”, en tanto implicaba “una condonación de la deuda” por más de 4000 millones de pesos”. Boquín había advertido también que “habiendo relación de dependencia jerárquica entre el Presidente, el jefe de Gabinete y los ministros, la existencia de conflicto de interés surge palmaria”.
Luego del revuelo que generó la investigación, la fiscal acusó al Correo de buscar obstaculizar su trabajo y sufrió varios intentos de desplazamiento del oficialismo. Finalmente, el gobierno encontró la fórmula perfecta para desligar por completo a Macri y el mismo presidente firmó en octubre de este año un decreto para designar a la vicepresidenta Gabriela Michetti como la encargada de ocupar su lugar para llevar adelante cualquier tipo de intervención relacionada con la empresa que fue propiedad del Grupo Macri.
