López Obrador instaló una comisión investigadora Por la verdad de Ayotzinapa

“Espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país”, dijo el flamante presidente de México junto a los padres de los estudiantes desaparecidos

El nuevo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció ayer la instalación de una comisión de la verdad para esclarecer el caso de Ayotzinapa. La desaparición de 43 estudiantes en 2014 es una de las manchas más oscuras del gobierno de su antecesor, Enrique Peña Nieto.

“Con la firma de este acuerdo iniciamos el proceso de búsqueda de los jóvenes de Ayotzinapa. Ese fue nuestro compromiso y estamos empezando a cumplir nuestra palabra”, dijo López Obrador tras firmar el decreto que crea la comisión investigadora. “Espero que pronto conozcamos la verdad, se haga justicia y se ponga un ejemplo para que nunca más se violen derechos humanos en nuestro país”, agregó. “Todo el gobierno va a ayudar en este propósito y les aseguro que no habrá impunidad, ni en este caso tan triste ni en ningún otro”, sentenció López Obrador.

El mandatario firmó en el Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo, el decreto presidencial para la verdad en el caso Ayotzinapa, el primero desde que el pasado sábado arrancara su administración. Mientras firmaba el decreto, los padres de los estudiantes hicieron una cuenta en voz alta del 1 al 43 y corearon el que ha sido su grito de guerra desde el 26 de septiembre de 2014, fecha en la que desaparecieron sus hijos: “Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Para los familiares, el decreto supone una nueva etapa después de que Peña Nieto diera recientemente carpetazo simbólico al caso diciendo que el expediente había arrojado pruebas claras y contundentes. El informe, sin embargo, fue derribado por expertos internacionales.

El nuevo Gobierno, por el contrario, pretende “investigar los hechos ocurridos en Iguala a fondo, con objetividad e imparcialidad, para esclarecer lo que ocurrió aquella trágica noche y quiénes fueron los responsables” para que respondan ante la justicia “sin importar el cargo que ocupaban entonces”, aseveró la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. La ministra indicó que esperan tener resultados en un plazo razonable, y que para ello se integrará una Comisión que contará con todos los recursos materiales, humanos y científicos que sean necesarios.

Según la hipótesis que manejó la fiscalía bajo Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela de Ayotzinapa para maestros rurales estaban en Iguala, en el sureño estado de Guerrero, apoderándose de micros para sus movilizaciones políticas cuando fueron baleados y detenidos por pistoleros y policías locales. Los uniformados corruptos los habrían entregado a narcotraficantes, quienes los habrían asesinado para luego incinerar sus cuerpos y arrojar las cenizas a un río. Sin embargo, el gobierno de Peña Nieto fue fustigado por el Defensor del Pueblo de México -que lo acusó de difundir información falsa o parcial del caso-, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y otras organizaciones de derechos humanos.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien estará al frente de este nuevo órgano, aseguró que la nueva comisión se conformará formalmente en 30 días hábiles. Estará integrada por los padres de los estudiantes y miembros del gobierno, así como expertos y técnicos profesionales. La comisión retomará las investigaciones y recomendaciones emitidas por el Defensor del Pueblo y otros organismos, informó Encinas.

En esta nueva fase de la investigación se tendrá libre acceso a aquellas instalaciones en las que se considera que pueden encontrarse personas desaparecidas o vestigios relacionados con ellas. Esta es una clara referencia al 27 Batallón De Infantería de Iguala, en el que, hasta el momento, no se ha podido entrar a pesar de que hay sospechas de que el Ejército jugó un rol, por acción u omisión, la noche de los hechos.

“No podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con la violación de derechos humanos o delitos lesa humanidad”, señaló también Encinas. La Comisión, agregó, diseñará una serie de lineamientos para implementar medidas de protección destinadas a aquellos que proporcionen información que permita el esclarecimiento de los hechos.

Más temprano, el gobierno de López Obrador había anunciado reuniones diarias con el gabinete de seguridad seguidas de conferencias de prensa. De esta manera rompe con el estilo más distante de la administración anterior. “De lunes a viernes, a las seis de la mañana como lo hicimos hoy (por ayer), nos vamos a reunir los integrantes del gabinete de seguridad pública porque este es el tema que más preocupa a los mexicanos”, dijo AMLO durante la conferencia, similar a las que sostenía cuando era alcalde de Ciudad de México (2000-2005). Las conferencias de prensa abiertas casi no existían bajo el gobierno de su antecesor, Peña Nieto, quien pocas veces aceptó preguntas de periodistas.

México se ha visto fuertemente golpeado por la violencia ligada al narcotráfico desde que el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012) desplegó al ejército para combatir al crimen organizado. López Obrador dijo el sábado que mantendrá al Ejército en tareas de seguridad y que creará una guardia nacional que será coordinada por los militares, lo que le trajo críticas de defensores de derechos humanos, quienes sostienen que la participación de las fuerzas armadas agrava la violencia.

El nuevo mandatario agregó que su gobierno arrancó sin problemas.”¿Cómo empezamos? Bien, tengo las riendas del poder en las manos, es decir, hay gobierno en México y es un gobierno para darle seguridad y protección a los mexicanos para que se mantenga la esperanza”, dijo. En la conferencia de prensa abordó también temas de migración y la cancelación del nuevo aeropuerto de Ciudad de México.

Frente a estos dos temas, AMLO afirmó que mantiene una relación respetuosa con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y se refirió a un plan de desarrollo que trabaja actualmente con El Salvador, Guatemala y Honduras para contener la migración a través del desarrollo económico.

López Obrador aseguró también que están garantizadas las inversiones en el nuevo aeropuerto de Ciudad de México, obra valuada en unos 13.000 millones de dólares que canceló tras una consulta popular que registró irregularidades. “No vamos nosotros a incumplir, se va a garantizar la inversión en bonos que se destinó para el aeropuerto de Ciudad de México”, dijo.