El fiscal Moldes desistió de pedir preventiva para Paolo Rocca

El fiscal ante la Cámara no apoyó a los fiscales Stornelli y Rívolo, quienes habían pedido la detención del dueño de Techint en la causa de los cuadernos. Moldes tuvo una postura contraria cuando se trató de ex funcionarios o empresarios kirchneristas

El fiscal ante la Cámara Federal, Germán Moldes, desistió del pedido de prisión preventiva del poderoso titular de Techint, Paolo Rocca. Los fiscales que trabajan en la causa de las fotocopias de los cuadernos, Carlos Stornelli y Carlos Rívolo, habían pedido la detención de Rocca, pero ahora el magnate tiene asegurada la libertad por el desistimiento de Moldes. El argumento del fiscal de Cámara es que no hay peligro de que Rocca se fugue ni que entorpezca la causa, un criterio que debería regir para los funcionarios y empresarios que están presos en ese expediente y también para Cristina Kirchner, para quien Moldes –haciendo funcionar la doble vara– pidió la prisión preventiva y el consecuente desafuero. En el caso del dueño de Techint, Moldes incluso podría haber argumentado que junto a sus ejecutivos obstruyó la investigación dando versiones muy distintas del pago de coimas. Además, está la sospecha de que se quedaron con el dinero que dijeron iba para coimas y terminaron blanqueando en 2016.

En su escrito de ayer, Moldes ratifica que Rocca fue parte de una asociación ilícita, pero se trata sólo de una pose. Se sabe que la Sala I desestimó esa mirada y procesó a los empresarios como autores de cohecho (coima) pero no los imputó como parte de la misma banda que los funcionarios.

En cuanto a la prisión preventiva de Rocca y otros empresarios, pedida por Stornelli y Rívolo, el fiscal de Cámara discrepó con ellos y lo fundó así: “ríos de tinta han corrido para analizar la prisión preventiva. Una tendencia doctrinaria con algún eco jurisprudencial los ha limitado a la comprobación de, si estando en libertad los imputados, se podría ver entorpecido el avance de la investigación. En este caso no hay riesgos por cuanto los antecedentes de su participación y sujeción al proceso no permiten inferir que en un futuro no se someterá a las obligaciones del mismo o las impuestas por el juez de la causa. En definitiva, sus características personales y su aportación al progreso del legajo destierran la idea de que existen los riesgos”.

En realidad, el comportamiento de la conducción de Techint es llamativo. En las fotocopias, supuestamente el chofer Oscar Centeno sostiene que los ejecutivos del conglomerado le dieron dinero a Roberto Baratta, pero éste lo negó en forma terminante. Lo curioso es que dieron motivos muy discrepantes entre Luis Betnaza, Héctor Zavaleta, Carlos Bacher y Daniel Novegil, los principales ejecutivos por un lado, y Rocca por el otro. Y, además, desapareció un servidor informático de la empresa, varias computadoras y la supuesta contabilidad en la que figuraron los pagos. Todo eso bien podría considerarse obstrucción de la justicia. Mucho menos que eso se usó para meter preso a Julio De Vido, por ejemplo. Las posibles falsedades surgieron contrastando las declaraciones:

Betnaza y Zavaleta sostuvieron que tuvieron que pagar porque si no les cortaban el gas de la planta de Techint. En esa declaración incluyeron fechas de verano, cuando no escaseaba el gas.
También argumentaron que pagaron para que el gobierno kirchnerista se involucre en la negociación por una indemnización en Venezuela. Sin embargo, el ex funcionario Claudio Uberti afirma que empezaron a pagar coimas antes del caso Venezuela. Uberti sostiene que pagaron a cambio de concesiones viales.
Igualmente hay una declaración donde dicen que pagaron a cambio de obra pública y para evitar que ingresen tubos sin costura desde China. Rocca dijo que tuvieron muy poca obra pública, una evidente falsedad ya que tuvieron parte de la construcción de una represa en San Juan, Atucha, fibra óptica, obras hídricas, gasoductos y provisión de caños. Baratta afirma que fueron el mayor contratista del Estado nacional y de los provinciales, con el 4,9 por ciento del total de la obra pública.
Lo más grotesco fue la declaración de Rocca quien dijo que él no podía estar al tanto de lo que hacían sus ejecutivos. Es decir que argumentó que sus hombres podían sacar un millón y medio de dólares de la empresa sin que se entere.

Una sospecha a despejar es que en realidad los ejecutivos no pagaron ninguna coima y que se quedaron con el dinero. Eso es lo que afirma Baratta. El ex funcionario marca que Betnaza blanqueó 61 millones de pesos; Bacher 104 millones y Novegil 557 millones, todo gracias a la ley diseñada por Mauricio Macri y votada por el Congreso.

Más allá de todas las maniobras, lo lógico es que Rocca y todos los demás conserven la libertad ya que no hubo juicio ni fueron condenados. Y, efectivamente, no hay peligro de que se fuguen porque siempre estuvieron a derecho ni que entorpezcan la causa más de lo que ya hicieron en los nueve meses de investigación y transcurridos varios años de los hechos. Se podría incluso argumentar contra Rocca que tiene causas por coimas en Italia, Brasil y Estados Unidos, una ofensiva que muchos adjudican a la intención del país del norte de quedarse con una de las empresas más competitivas del mundo en tubos para la industria petrolera.

Aún así, la doble vara es evidente. En octubre, cuando tuvo que opinar sobre la causa de las fotocopias, Moldes se despachó con el siguiente párrafo: “sucede que otros imputados que deberían estar presos no lo están, amparados por sus fueros, y es precisamente la resolución de esa Cámara Federal que esperamos ratifique en su parte sustancial el enfoque general y habilitará, ante un más que previsible pedido de desafuero, la desafectación de ese resguardo para que la jefa de la asociación ilícita investigada y procesada en autos por ese grave ilícito resulte inmediata y efectivamente detenida”. La referencia era, obviamente, a CFK.

Desde el punto de vista político, Moldes juega el partido de Comodoro Py alineado con la Casa Rosada, que pidió que se aliviara la situación de los empresarios. La Sala I de la Cámara Federal cumplió con el pedido en forma acabada. Si fuera por la Cámara hasta estaría en libertad José López, claramente involucrado en hechos de corrupción, libertad de la que gozan también Uberti, el financista Ernesto Clarens, el constructor Carlos Wagner, igualmente salpicados, de manera probada, por las coimas.

Sólo quedaron presos los funcionarios y empresarios alineados con el kirchnerismo, con una orfandad de prueba asombrosa en la mayoría de los casos y, por supuesto sin que medie ni juicio ni condena, ni exista peligro de fuga o entorpecimiento de la causa.