Advierten que “va ha haber fraude electoral informático” mediante la anulación de telegramas
El ingeniero en electrónica y en telecomunicaciones, Ariel Garbaz, aseguró que en los comicios de octubre “va a haber fraude electoral informático” ante el reemplazo de los telegramas por la transmisión electrónica y solicitó reaccionar a la oposición pidiendo la anulación del Decreto de Necesidad y Urgencia que modificó el Código Nacional Electoral.
Entrevistado en el programa radial Locos por el Aire, el profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, relató que “fue contratado y pagado por el Gobierno nacional el software que va a hacer la transmisión electrónica: el Election-360”. Detalló que “en su ficha técnica indica que cuando va a transmitir las actas de cierre de urnas, se van a escanear y antes de que la transmisión llegue al correo va a pasar por un punto intermedio, con dirección desconocida y solo manejable por quien lo compra. Y desde ese punto le da la posibilidad de modificar las imágenes de las actas”.
Esto “lo está diciendo la propia empresa que vendió en 1.200.000 dólares el software al Gobierno nacional”, aclaró y adelantó que “la maniobra ya está organizada: Va a haber fraude electoral informático, van a hacer uso obviamente de ese recurso técnico porque para eso está”.
Garbaz dijo que la empresa “ha sido denunciada en distintos países donde operó porque ofrece esta posibilidad que además no deja rastros, no es auditable, nosotros no podemos hacer auditorías sobre un software que es cerrado, se lo llama software propietario y que va a tener una dirección desconocida que es a donde van a ir las imágenes escaneadas antes de llegar al correo. Es la maniobra casi perfecta”, enfatizó.
El ingeniero expresó que “para esto el Gobierno hizo un Decreto de Necesidad y Urgencia en febrero que anula los telegramas que es lo que siempre se usó y con esto viola el Código Nacional Electoral que dice que es obligatorio el uso de los telegramas”.
En este sentido reclamó que “la oposición debería presentar recursos de amparo ante la Justicia porque el Gobierno nacional, a través de un decreto, viola la ley”.