Hablar de cannabis no es un delito

Iván Malajovich daba talleres de cultura cannábica. Y fue procesado por apología de delito. Ahora fue exculpado

La Cámara Federal entrerriana sobreseyó al activista Iván Malajovich, que estaba acusado de «exceso de libertad de expresión» por haber brindado cursos privados en los que explicaba cómo se produce el aceite de cannabis. Sin embargo, el integrante de la Agrupación Paranaense de Agricultores Cannábicos (APAC) continúa procesado por «tenencia simple de estupefacientes», luego de que allanaran su casa, donde secuestraron plantas de marihuana, y su local, donde vendía legalmente objetos vinculados a la cultura cannábica, como picadores y pipas, e insumos para la botánica en general. La causa deberá ser resuelta en un juicio oral y público. Todo sucede en la tierra del intendente de Cambiemos, Sergio Varisco, acusado de financiar a una banda dedicada al narcotráfico.

«Se le da el sobreseimiento por preconización, la famosa apología. La Cámara entendió por mayoría que no cometió el delito», explicó a este diario Andrés Bacigalupo, abogado defensor del militante. La justicia entrerriana hizo lugar a los argumentos expuestos por la defensa que afirmaban que los talleres eran un evento de índole privada y que era necesario que las personas que deseaban se inscribieran. «Si hay una actitud activa por el receptor del mensaje, el delito no se da», señaló el letrado.

El juez federal Leandro Ríos había procesado a Malajovich por brindar talleres informativos sobre los diversos usos de la planta de marihuana, lo que «prevé penas de 2 a 8 años». «El juez de instrucción dijo que brindar talleres excede la libertad de expresión», recordó Bacigalupo. «Yo puedo decir que la ley de drogas es injusta y me ampara la libertad de expresión, que hace a una sociedad democrática», agregó.

Malajovich, de 33 años, es uno de los principales activistas cannábicos de Paraná y comenzó su activismo en 2010. Dos años después, redobló su militancia de la cultura cannábica través del programa de radio El Esqueje y luego participó de marchas por el día de la marihuana. Desde 2015 tiene un grow shop –local de insumos relacionados con el cannabis– en la zona céntrica de la ciudad. Malajovich contó que en 2016 brindó, como representante de APAC, un curso formal sobre los usos del cannabis en general, incluido el uso medicinal, y una charla sobre cultivo. En 2017, el año en que el Senado aprobó la ley de uso medicinal del cannabis, dio otro taller sobre la extracción del aceite. El activista fue procesado por brindar esos tres talleres.

En julio de 2018, Malajovich fue detenido después de que la Policía Federal allanara su comercio y su casa. Estuvo tres días y dos noches en prisión y recuperó la libertad. Pero la Justicia federal continuó el proceso de investigación en su contra.

Si bien fue sobreseído por los talleres, la Cámara Federal confirmó el procesamiento por «tenencia simple de estupefacientes». Según el fallo, en la casa de Malajovich «se secuestraron plantas Cannabis Sativa contenidas en treinta y tres macetas y semillas de tal especie vegetal», además de cogollos, algunos gajos de plantas de marihuana y «nueve troqueles presuntamente de material estupefaciente LSD». Para la justicia entrerriana, estas pruebas «no permiten concluir que nos encontramos inequívocamente ante una tenencia para consumo personal». «Esa cantidad de consumo personal quedó a debatirse en el juicio. La justicia tampoco dijo que era tenencia para la venta», destacó el abogado del militante.

Bacigalupo sostuvo que su cliente utiliza esas plantas para consumo personal. «Él lo declaró así, el examen de orina dio eso y el médico afirmó que era consumidor», señaló. Respecto a la cantidad de plantas secuestradas, el abogado explicó que «tener treinta plantas no es indicativo de que vayan a florecer» y que el género de la planta es determinante para poder hacer uso de ella. «Si son machos no van a tener extracto de cannabis utilizable», detalló.

El abogado de Malajovich afirmó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentenció en el fallo Arriola que no se pueden perseguir aquellas conductas que estén relacionadas al consumo personal de sustancias, pero que el autocultivo para consumo personal «sigue prohibido y penado en la ley de drogas». «La justicia actualmente está dictando la inconstitucionalidad que castiga el autocultivo. Mientras que no se despenalice, la justicia me puede seguir penando a mí y yo tengo que probar que soy consumidor», afirmó Bacigalupo.

Malajovich y su abogado solicitaron la nulidad del proceso y aseguran que se está persiguiendo «a quienes cultivan para autoabastecerse para uso terapéutico o recreativo, y justamente están fuera del círculo del narcotráfico» y que está comprobado que de esta forma no se combate efectivamente el tráfico de drogas.