Los interrogantes en el caso del tiroteo policial
Los interrogantes van desde la organización del operativo hasta el delito por el que se acusa a los bonaerenses, extorsión en lugar de tráfico de drogas
Los tres policías bonaerenses detenidos durante el operativo de la Federal, que terminó en un tiroteo con un comisario de la DDI de Drogas de Avellaneda muerto y dos federales de la División Antidrogas Urbanas gravemente heridos, serán indagados por la fiscal a cargo de la investigación. Los dos heridos continuaban internados, uno de ellos en estado crítico. Sobre el caso, que impactó de lleno en la credibilidad ya socavada de la Bonaerense, surgen muchas dudas, tanto por la organización del operativo como por la calificación del delito por el que están acusados los tres detenidos, un subcomisario, un capitán y un subayudante, que por el momento están acusados de extorsión.
Los interrogantes respecto al caso apuntan a varios ángulos: uno es la rarísima participación directa de oficiales de alto grado en el cobro de un apriete, cosa que no es para nada habitual. Los aprietes, coimas, extorsiones, peajes, cuotas de seguridad, forman parte de la vida cotidiana en el ámbito policial. Pero los cobradores son policías de menor jerarquía, los comisarios o subcomisarios no se exponen visiblemente. En este caso, no ocurrió como siempre. El sobre con el dinero, 170 mil pesos fotografiados previamente, debía ser entregado en mano al capitán Eduardo Angel Franicevich de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Avellaneda-Lanús. En la misma Shell, cerca de Franicevich, como apoyo, se encontraban el subcomisario Luis Edgardo Otero, jefe del Gabinete Antisecuestros de la misma DDI, y el subayudante Silvio Ricardo Vergara, de la misma oficina. En un Toyota Etios blanco, participaba de la extorsión el comisario jefe del Gabinete Drogas de la misma DDI, David Martin, que terminó muerto y fue quien hirió a balazos a los dos federales que lo encararon para detenerlo.
Por el momento no hay explicación para entender tan altas participaciones directas, cuando lo habitual es la participación indirecta. Algunos leen que había confianza y cierta impunidad. De hecho, la DDI de Avellaneda-Lanús, en territorio del secretario de Seguridad de Lanús, Diego Kravetz, ya estuvo implicada en varias causas de corrupción resonantes. En una de ellas, en julio de 2017, la Superintendencia Drogas Peligrosas de Avellaneda-Lanús, que se mantiene dentro de la jurisdicción de la DDI en cuestión aunque no depende de ella, fue allanada por orden judicial y en su interior, ocultos en el techo encontraron empaquetados 350 envoltorios con cocaína, 50 con paco y varias dosis de marihuana. Pero de hecho la corrupción no se detuvo.
En segundo lugar, llama la atención que algunos de los federales no contaran con chalecos antibalas, lo que también provoca curiosidad respecto a qué tipo de operativo suponían ellos que concurrían.
En tercer lugar, circuló un importante grado de descontento que se hizo escuchar en el tejido interno de los bonaerenses. El mayor enojo fue sobre la organización del operativo, deficiente según estas voces, porque sostienen que la escasa preparación terminó con el comisario Martin muerto y los dos federales heridos. Cuestionan que se haya realizado el operativo en una estación de servicio, lo que podría haber resultado en una tragedia mayor y que si al comisario lo cruzaban lejos del lugar, con patrulleros, se hubiera entregado. De todos modos es una suposición imposible de confirmar. Nadie sabe lo que hubiera hecho Martin. De todos modos, cuestionan que la fiscal de Avellaneda Soledad Garibaldi no se haya contactado con el ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo. Suponen que la intervención de Asuntos Internos hubiera ido a fondo y hubiese evitado la muerte de Martin. Claro, este reclamo no tiene en cuenta que posiblemente comunicarse con Ritondo hubiera abierto posibilidades de fuga de información que hubiera alertado a los investigados.
En cuarto lugar, es más que probable que los bonaerenses hayan creído que los federales en realidad eran parte de una banda que intentaba mejicanearles los 170 mil, o que pertenecían a la supuesta banda del marido de la denunciante. Y por ese motivo intentaron reaccionar provocando dos tiroteos seguidos.
Por último, la calificación provisoria de la carátula en la investigación que lleva adelante Garibaldi, gira en torno a la extorsión, con los agravantes de la función policial. Pero en el caso denunciado por la mujer, los expertos sostienen que el delito de los integrantes de la DDI no fue extorsionar para que no se realizara tráfico de drogas, sino por el contrario, extorsionaron para que continuara, es decir, que el papel de los policías dependientes de Cristian Ritondo era cobrar 200 mil pesos para permitir que circulara libremente la droga, con lo que se transformaron en cómplices. Por lo tanto, sostienen, deberían ser investigados como integrantes de una banda que traficaba droga.
