Espionaje ilegal: El detalle que hizo Ramos Padilla sobre la organización delictiva

En un extenso escrito, el juez federal de Dolores reveló la estructura política, judicial, mediática y de inteligencia que actúa para extorsionar y coaccionar. Los próximos pasos

Una organización dedicada al espionaje ilegal, la extorsión, la coacción, que recolectó información de manera ilegal y luego la blanqueó a través de periodistas, integrantes del poder judicial, denuncias anónimas o la difusión de escuchas y filmaciones ilegales. Esa es la descripción que hizo el viernes el juez Alejo Ramos Padilla al procesar a los comisarios retirados Ricardo Bogoliuk y Aníbal Degastaldi, al ex espía Hugo Rolando Barreiro y al ampliar el procesamiento del falso abogado Marcelo D’Alessio como integrantes de esa asociación ilícita. El extensísimo escrito del juez –341 páginas– deja entrever próximos pasos y plantea una gran cantidad de interrogantes que el propio magistrado responderá con el correr de los días.

–¿Cómo define el juez a esa organización?

–Ramos Padilla habla de una asociación ilícita paraestatal. Menciona que la Agencia Federal de Inteligencia admite que dos de los procesados trabajaron en la central de espías, Ricardo Bogoliuk y Rolo Barreiro, pero que ya no están más. Es una cuestión difícil porque es sabido que cuando la AFI contrata agentes inorgánicos después no los reconoce, “no existen”, según se dice entre quienes conocen el mundo de la inteligencia. De manera tácita, el juez deja en claro sus sospechas. Se pregunta cómo es posible que el área de Contraespionaje de la AFI no haya detectado a esta organización. Y traza dos hipótesis. La primera es que hubo ineficiencia en la AFI y esta organización no fue detectada. La segunda hipótesis es que la asociación ilícita tenía el visto bueno de la central de espías. El juez no lo dice porque todavía no lo tiene probado, pero es evidente que cree en esa segunda hipótesis. “A partir del marco fáctico que se observa, de mínima existe una grave falla -si no es que existe una connivencia o encubrimiento por parte de alguno o varios actores de la AFI- en la actividad de contrainteligencia propia de los organismos de inteligencia estatales”.

–¿Esta asociación ilícita jugó un papel político?

–Así lo define Ramos Padilla: “existen numerosos elementos de prueba que permiten indicar con el grado de provisoriedad que impone esta resolución, que cualquiera fuera el marco legal, se llevaron adelante acciones de inteligencia criminal, de espionaje político y/o ideológico, se intentó influir a través de aquellas actividades de espionaje en la vida personal, en la situación institucional, política y económica del país, así como en la opinión pública a través de los medios decomunicación, e incluso se pudo haber visto afectada la política exterior”. Es un párrafo demoledor.

Ramos Padilla menciona casos de intervención política que surgen de la computadora de D’Alessio: operaciones contra Julio De Vido, Roberto Baratta, Hugo Moyano, Luis D’Elía, intervención en la causa del GNL y la coacción al ex empleado de Pdvesa Gonzalo Brusa Dovat. Todavía el juez no menciona el armado grotesco del testimonio del arrepentido Fariña, una maniobra que se develó por el testimonio de la abogada Giselle Robles en Dolores.

–¿Cuál fue el mecanismo usado por la organización?

–“Es una organización criminal dedicada a realizar múltiples tareas vinculadas al espionaje, que incluyeron investigaciones ilegales, extorsiones, “ablandes”, “puestas en pánico”, “aprietes”, “carpetazos”, “falsas denuncias”, entre otros modos de coacción e intimidación, todo ello con fines económicos y políticos”–dice el magistrado. Y continúa: “en el caso, se ha observado que dichas acciones se han llevado a cabo a partir de relaciones estrechas y de mutua colaboración con miembros de los poderes judiciales y ministerios públicos fiscales y con periodistas, montando operaciones psicológicas, extorsivas, judiciales y mediáticas con información sensible, información falsa o tendenciosa”.

–¿Quiénes son los beneficiarios de las operaciones?

–Dice el juez: “estas investigaciones –e incluso el resumen de las operaciones– eran puestas a disposición de una o varias personas, que se nutrían de la información de inteligencia que producía esta organización; estas personas, que podríamos llamar ‘usuarios’, recibían, requerían y asentían la realización de estas tareas de espionaje, entre los que se puede observar puntualmente a periodistas, legisladores y magistrados”.

Acá claramente hay mensaje para Carlos Stornelli, para las diputadas de la Coalición Cívica y para varios periodistas.

–¿El juez habla de “blanqueo” de la información ilegalmente conseguida?

–Lo dice así: “la organización habría encontrado así un modo para exhumar o blanquear la información obtenida a partir del espionaje ilegal para ingresarla en el sistema judicial a través de diferentes maneras -lo que se deduce también de otros elementos incorporados-: denuncias anónimas, armado de causas, la publicación en la prensa ‘para que lo levante un fiscal de oficio’, la incorporación de escuchas o filmaciones ilegales a partir de presentaciones en la justicia que en realidad responderían a la actividad del propio Marcelo D’Alessio”. O sea Ramos Padilla no considera inocentes a los que utilizaron el juego sucio de la asociación ilícita.

–¿El juez cree que los periodistas fueron claves en la historia?

–Las razones por las cuales D’Alessio y la organización delictiva de la que formaba parte tenía necesidad de introducirse en el mundo de la prensa son simples. La llegada masiva a la opinión pública es una herramienta necesaria y de enorme efectividad para realizar operaciones de acción psicológica, un capítulo necesario en la actividad de inteligencia ilegal desplegada, máxime cuando tiene fines políticos o empresariales. El juez afirma también en este aspecto que el punto nodal es el conocimiento de las maniobras ilegales de la organización. La diferencia se ve en que Ramos Padilla llamó a declarar al periodista Rolando Graña como testigo –declaró el viernes– y no hizo lo mismo con Daniel Santoro. Es más, el juez debe definir el pedido de la abogada Natalia Salvo para que Santoro declare en indagatoria como sospechoso, en especial respecto de la extorsión al empresario Mario Cifuentes, pero también en otros casos de utilización de la información ilegal.

–¿El juez alerta sobre la afectación del estado de derecho?

–Sin dudas. Además afirma que tal vez corresponde la aplicación de la Ley de Defensa de la Democracia. “De la prueba reunida hasta el momento en la investigación, cabe concluir que la cantidad y el alcance de los planes delictivos que llevó adelante esta asociación ilícita paraestatal pudo haber contribuido a poner en riesgo el normal funcionamiento del sistema de administración de justicia, además de otros principios básicos e instituciones de orden constitucional establecidos en nuestro sistema democrático; por lo que no puede descartarse eventualmente la aplicación de la ley 23.077, Ley de Defensa de la Democracia”.

–¿Cuáles son los próximos pasos?

–Las ramificaciones del expediente son enormes y estos son sólo algunos de los ejemplos de lo que se viene:

Hay una cantidad increíble de informes y seguimientos que figuran con el nombre de usuario Luffi, el apellido del prefecto detenido esta semana. La impresión es que el uniformado no tiene ni grado ni operatividad para haber armado esos informes de inteligencia. Por lo tanto, se está investigando quién le usó el nombre. Todo indica que fue una estructura de la AFI.
Está también pendiente la situación del fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, rechazado por el fiscal Juan Pablo Curi, quien no hace más que poner obstáculos en el expediente. Bidone declararía ante el juez el miércoles próximo.
El juez le pidió a la AFI que informe cuál fue la actividad de Contrainteligencia y cómo es que esa organización pudo funcionar sin que la frenaran.
Ramos Padilla le pidió un informe al procurador Eduardo Casal. Quiere que el jefe de los fiscales explique qué hizo hasta al momento para que Stornelli se ponga a derecho y declare como corresponde ante el magistrado. El viernes, el miembro de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, en entrevista con el periodista Edi Zunino, dijo tácitamente que correspondía que Stornelli se presente ante el juez.
Ramos Padilla debe definir el pedido de indagatoria a Santoro.
En el expediente hay mención de una operadora del juez Claudio Bonadio que le envió empresarios a la asociación ilícita supuestamente para que se concretaran coacciones para que declaren como arrepentidos o se guionen declaraciones armadas.
Habrá que ver cómo avanza el juez en el caso de la declaración guionada del arrepentido Leonardo Fariña. Todo salió a la luz en los últimos diez días a raíz de que se descubrió que la banda de D’Alessio hostigaba a la ex abogada de Fariña, Giselle Robles.
El establishment juega sus cartas a frenar el expediente. Tiene la expectativa en que alguna instancia superior le quite la causa a Ramos Padilla, la lleve a Comodoro Py y allí la ahogue en el pantano de la estructura favorable a Cambiemos.