Stornelli, más cerca de sufrir una suspensión por no ir a declarar

Un sumario para el fiscal en rebeldía. El Consejo Evaluador de la Procuración resolvió sumariar a Carlos Stornelli por rehusar presentarse a cuatro llamados a indagatoria en la causa donde está imputado por espionaje ilegal

El Consejo Evaluador de la Procuración General de la Nación decidió por unanimidad abrir un sumario contra el fiscal federal Carlos Stornelli a raíz de sus faltazos a cuatro llamados a indagatoria en la causa donde está imputado por participar en operaciones de investigación, inteligencia y espionaje ilegal a través de su relación con Marcelo Sebastián D’Alessio. La decisión implica que Stornelli está cada vez más solo y más cerca de la posibilidad de ser suspendido o que se le inicie un jury de enjuiciamiento. Implica un reconocimiento de las irregularidades que se le atribuyen. A la vez, se da la paradoja de que sigue ganando tiempo sin presentarse ante el juez de Dolores Alejo Ramos Padilla, que lo declaró en rebeldía. El procurador Eduardo Casal deberá designar un fiscal sumariante que tendrá que elevar un informe para que el consejo determine finalmente el futuro del fiscal rebelde.

El consejo está integrado por los fiscales Adriana García Netto, Julio Piaggio, Alejandro Alagia, Guillermo Pérez de la Fuente y Oscar Ciruzzi. En las últimas semanas venían empatados, y empantanados, en sus posiciones. Tendían, en su mayoría, a inclinarse por esperar a que la Cámara de Mar del Plata resolviera el cuestionamiento de Stornelli a su declaración en rebeldía. Pero ya pasaron casi dos meses, y finalmente –aunque el tribunal marplatense no definió ese punto– resolvieron abrir el sumario. Ante una acusación contundente y los faltazos a la vista de todos, no tuvieron más remedio que dar un paso. Por reglamento, el consejo tiene también la facultad de desestimar los planteos o impulsar directamente un enjuiciamiento, que podía dejarlo sin fueros durante el proceso. No se animaron a tanto. Con el fantasma del fracaso del jury a José María Campagnoli durante la gestión de Alejandra Gils Carbó, donde no hubo sumario como paso previo, justifican en voz baja que optaron por el camino más largo.

En el universo del Ministerio Público fiscal también hay un importante sector que cree que éste es un caso sencillo porque lo que existe es una reticencia ostensible de un fiscal a presentarse a indagatoria y no hay mucho más que investigar, por ende habría que acelerar los pasos. Los más precavidos dicen que el sumario como paso intermedio es correcto, y que el fiscal debe tener la posibilidad de defenderse.

Lo que desconcierta es que los procedimientos a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires son muy distintos. En provincia, el otro fiscal implicado en este caso, procesado ayer por asociación ilícita, Juan Ignacio Bidone, fue suspendido rápidamente por 90 días con posibilidades de prórroga ante un planteo del procurador Julio Conte Grand y la decisión de la Corte bonaerense. Allí está previsto ese mecanismo. La Procuración General tiene otro sistema, más burocrático, y que habilita la protección corporativa.

Ahora habrá que ver a quién designa Casal como fiscal instructor. Luego no tendrá plazo para investigar, pero no le espera algo muy complicado. Luego elevará un informe al consejo evaluador donde puede proponer el enjuiciamiento, o una sanción que también podría dejarlo sin fueros por un período (lo que lo obligaría a presentarse o permitiría su detención), o la desestimación. Según la ley de Ministerio Público, se considera una falta grave “ejecutar hechos o incurrir en omisiones que tengan como consecuencia la pérdida de actuaciones o la obstaculización del trámite o del servicio de justicia”.

La resolución recuerda todos los casos que Ramos Padilla le imputa a Stornelli y sus damnificados: las maniobras de “ablande”, “puesta en pánico” y “quiebre” del ex directivo de Pdvsa Gonzalo Brusa Dovat, ya que D’Alessio lo tiene al tanto a Stornelli hasta que lo lleva a declarar a su fiscalía para que se forme una causa sobre la filial argentina de la petrolera venezolana, donde incluso filma y saca fotos; el espionaje y la planificación de una cámara oculta sobre el abogado José Manuel Ubeira, que defiende a Oscar Thomas en la causa de los cuadernos, después de que Stornelli le pidiera a D’Alessio “dame una mano”; el espionaje sobre Jorge Castañón, ex marido de la actual esposa de Stornelli, Florencia Antonini Modet, que es requerido por el propio fiscal y D’Alessio hasta le propone plantarle droga para incriminarlo falsamente; el espionaje que habría “asentido y alentado” el fiscal sobre Victoria Munin, ex pareja del financista Alejandro Talevi, para perjudicarlo; el intento de cámara oculta a otro abogado de la causa de los cuadernos, Javier Landaburu, quien habría evaluado hacer una presentación ante escribano público “señalando que Stornelli habría coaccionado y agredido verbalmente a Paolo Rocca y Carlos Wagner”; las operaciones contra una delegación de empresarios uruguayos, argentinos, colombianos e iraníes; maniobras coactivas sobre Pablo Barreiro –ex secretario de Cristina Fernández de Kirchner– bajo amenaza de quedar preso como su padre, Ricardo Barreiro, en la causa de los cuadernos si no aportaba datos y, a la vez, la omisión de denunciar los aprietes que denunció Barreiro en la fiscalía de Stornelli. Además, de haber consentido las operaciones y actos extorsivos sobre Pedro Etchebest, el denunciante original de esta causa, amenazado también de quedar pegado a la causa cuadernos si no pagaba 300 mil dólares.

Del texto de la comisión también surge qué argumentó Stornelli en su momento. Además de cuestionar la declaración de rebeldía y la competencia del juzgado de Dolores, sugirió que la investigación en su contra surge de “una maniobra ilícita” para “perjudicar” la causa de los cuadernos. Dijo que si él se presenta a declarar, da pie a que lo procesen y que eso podría “sembrar la semilla de la desconfianza de los múltiples acuerdos de arrepentidos que sostienen ese expediente”. Se apoyó en la increíble denuncia de las dirigentes de la Coalición Cívica Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, basada en escuchas tomadas en el penal de Ezeiza en una causa sobre narcoterrorismo, donde aparecen hablando ex funcionarios kirchneristas, escuchas que debían estar destruidas por no tener relación con la causa donde fueron ordenadas. Uno de los problemas que tienen estas explicaciones, es que no explican –por ejemplo– las razones del espionaje a un financista o al ex marido de su esposa, que incluso declaró que ella le mandaba mensajes diciéndole que todo era mentira, que arreglara con Carlos (Stornelli), que él ya había hablado con Mauricio Macri y que a Ramos Padilla lo iban a destituir.