Detienen a dos funcionarios de Educación vinculados a estafa al Estado
Dos funcionarios de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense fueron detenidos en el marco de una causa que investiga una millonaria malversación de fondos públicos con tarjetas de débito de ese organismo que se utilizaban para cargar combustible en vehículos oficiales, informó una fuente judicial.
El vocero explicó que las detenciones ocurrieron tras una serie de allanamientos que se hicieron en La Plata y Berisso, en los que se secuestró dinero en efectivo, varios vehículos y embarcaciones deportivas, en la causa que instruye el fiscal penal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta.
La fuente precisó que los detenidos son Gustavo Chiamberro y Diego Burgos, jefes del Departamento Combustible y Automotores de la cartera educativa y que en la causa hay otros dos funcionarios con pedidos de exhimición de prisión.
La causa se inició el 26 de abril, cuando la policía detuvo en un control policial a un hombre de 29 años identificado como Walter Cejas que trabajaba en una estación de servicio situada en la calle 44 y 31 de La Plata.
El fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, explicó que el hombre «se puso nervioso» y cuando se le requirió la documentación de la camioneta Grand Cherokee que conducía se le cayeron 15 tarjetas de débito y 50.000 pesos en efectivo.
Los efectivos policiales comprobaron que Cejas tenía tarjetas de débito Bapro Copres, que utilizan los organismos públicos para cargar combustible en vehículos oficiales.
Además de la investigación judicial, la cartera educativa inició una serie de sumarios ante la sospecha de que puede haber más empleados involucrados en la maniobra.
Las fuentes sospechan que en la malversación podrían estar involucrados también otros empleados de la estación de servicio, ya que un día después de la detención de Cejas se suicidó el encargado general de ese comercio, Maximiliano Normann, de 44 años.
«La maniobra viene desde 2014, según la investigación, por lo que se puede decir que es millonaria la malversación de caudales en perjuicio de la administración pública provincial», afirmó el fiscal.
