Un banquero y una empresaria agrícola lideran el ranking de aportes para la campaña electoral

La cifra: $5.522.451. Ese es el monto que hasta ahora han recaudado los partidos políticos de parte de particulares que vienen realizando aportes para financiar las campañas electorales.

Ese número surge de sumar la totalidad del dinero declarado por los aportantes ante la Cámara Nacional Electoral y que se pueden consultar en la página web del organismo.

Es que, tras la sanción de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, los registros deben ser de conocimiento público con el objetivo de darle legalidad al origen y destino de esos fondos.

Hasta ahora, el ranking de mayores aportantes lo lideran un banquero y una de las principales integrantes de la familia Miguens y dueños, entre otros activos, de la limonera San Miguel.

Se trata de Jorge Guillermo Stuart Milne y de María Luisa Bárbara Miguens, quienes llevan donados la misma cifra cada uno que sumada asciende a los $3.280.000. Es decir, $1.640.000 cada uno.

Los dos cedieron los fondos a Juntos por el Cambio, pero en el caso de Stuart Milne lo hizo de una sola vez el 23 de julio pasado y a través de una única transferencia electrónica realizada por el Banco Patagonia.

Precisamente el banco que perteneció a la familia Stuart Milne hasta que el año pasado vendieron sus acciones al Banco do Brasil por un poco más de u$s200 millones.

En ese momento, en forma particular, Jorge Guillermo Stuart Milne era el mayor accionista de la entidad entre sus familiares ya que controlaba el 9,03% del capital, al igual que Ricardo Stuart Milne.

Además, la familia figura en la lista de millonarios que todos los años elabora la revista norteamericana Forbes con una fortuna cercana a los u$s760 millones y, además de sus negocios financieros, participan en el fondo inversor Degasa, que posee las franquicias de marcas como Kentucky Fried Chicken (KFC); China Wok y Wendy´s, entre otras.

Mientras que las donaciones de Miguens llegaron a la alianza que defiende la reelección de Mauricio Macri como presidente mediante tres transferencias de su cuenta en el ICBC por $350.000; $250.000; $440.000 y $600.000 que concretó entre el 23 y el 24 de julio.

La empresaria es una de las principales integrantes de la familia Miguens-Bemberg, dueña de la mayor productora de limones de la Argentina como es San Miguel, y ex accionistas de Central Puerto.

Ya en el 2017 había sido una de las mayores financistas de la campaña proselitista del PRO con $895.000 que sirvieron para sostener la candidatura de Esteban Bullrich a senador nacional por la provincia de Buenos Aires. En ese caso, también su hermano, Carlos José Miguens, realizó donaciones monetarias por $440.000, al igual que su esposa, Cayetana Robirosa.

Todos compartieron el capital social de una de las principales centrales energéticas del país en sociedad con Nicolás Caputo, considerado el mejor amigo del presidente Mauricio Macri. Lo hicieron hasta que Central Puerto desembarcó en la bolsa de Nueva York con la colocación de acciones en Wall Street, también en el 2017.

Ese año, Cambiemos fue el espacio político que más millones recibió de aportantes privados, de acuerdo a un informe difundido en su momento por la Cámara Nacional Electoral.

De acuerdo al trabajo, el top 10 de los mayores contribuyentes monetarios para la campaña legislativa estuvo conformado por 16 personas, pero solamente Cambiemos y Evolución (de Martín Lousteau), fueron los que se quedaron con las mayores tajadas.

Aportes para la izquierda
En el caso de los aportes para la actual campaña, luego de Juntos por el Cambio se ubican fuerzas de izquierda como el Movimiento Socialista de los Trabajadores; el Partido Obrero; Partido de Trabajadores por el Socialismo.

En conjunto, todos estos movimientos acumulan $1.250.000 en donaciones, siendo el Partido Obrero (PO) el que más dinero ha recibido, con casi $200.000. Paradójicamente, en el listado no figuran donaciones para el Frente de Todos, que impulsa la dupla Alberto Fernández y Cristina Kirchner para la presidencia y vicepresidencia de la Nación.

De todos modos, el listado seguramente cambiará con el correr de los días y después de las PASO, cuando todas las fuerzas políticas concentren sus estrategias en los comicios generales del 27 de octubre y el posible balotaje del 22 de noviembre.

En ese sentido, desde la Cámara Nacional Electoral explican que «tanto las personas humanas como las personas jurídicas, previa declaración jurada, pueden registrar los aportes que realicen a las agrupaciones políticas tanto para la campaña electoral como para desenvolvimiento institucional»

En el caso de los aportes del Estado Nacional suman $174.818.947 y forman parte del dinero distribuido entre todos los partidos tal como se estipula en el artículo 4 de la Ley 26.215 que establece un modelo mixto por el cual las fuerzas políticas obtienen sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus operaciones ordinarias y actividades partidarias.

En cuanto a los fondos provenientes del sector privado, la norma que fue aprobada por el Congreso de la Nación el 15 de mayo pasado, permite a los partidos recibir dinero de sus afiliados; de donaciones de otras personas no afiliadas y de personas jurídicas, además de herencias o legados, así como de rendimientos de su patrimonio y de otro tipo de actividades.

Asimismo, las contribuciones no pueden ser anónimas, por lo que será publica la identidad del contribuyente o donante. Además, las empresas concesionarias o contratistas del Estado, las entidades públicas extranjeras y las asociaciones sindicales, patronales y profesionales no están habilitadas para contribuir.

Los aportes deben realizarse a través de transferencia bancaria, cheque, tarjeta de crédito o débito, o de plataformas digitales, con el fin de identificar al donante. Caso contrario, ese monto será girado al «Fondo de Financiamiento del Programa para Personas Con Discapacidad» del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP).

Los partidos tienen también la obligación de asentar los aportes privados que recibieron en el «Registro de Trazabilidad de Aportes Electorales», que tendrá que efectuarse hasta siete días hábiles desde la recepción del dinero.