Diputados debatirá el próximo martes una ley para que no puedan ser candidatos los condenados por corrupción

Se tratará en comisión tras dos años de parálisis. La iniciativa está impulsada por una campaña ciudadana que ya recolectó 250.000 firmas

Finalmente, tras dos años de parálisis, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia de la Cámara de Diputados tratarán el próximo martes una iniciativa que impide que cualquier persona con condena firme por delitos de corrupción pueda postularse a un cargo electivo. En Brasil, una norma similar conocida como «Ficha Limpia» impidió la postulación de Luiz Inácio «Lula» Da Silva a un tercer mandato presidencial.

En Argentina, el proyecto estaba frenado desde 2017 por la negativa del kirchnerismo a firmar el dictamen. Pero una campaña de recolección de firmas a través de las redes logró que finalmente se habilitara el debate este año.

La intención de los impulsores de la petición ciudadana era que rigiera para las elecciones de este año, pero finalmente los legisladores acordaron tratar el tema después del cierre del listas de candidatos, tras el receso de invierno. «No queremos que nadie piense que está destinado a alguien en particular», había planteado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Pablo Tonelli (PRO) a Infobae en abril pasado, sobre el momento en que se definió que comenzaría el debate en la Cámara baja.

Cumpliendo el compromiso asumido ante los promotores de la campaña, Tonelli envió hoy la convocatoria a los diputados para la reunión de Comisión del martes 6, en el reinicio de la actividad parlamentaria tras el receso invernal.

Actualmente, hay en la Cámara baja una decena de proyectos que proponen impedir que cualquier persona que tenga una condena penal, confirmada por otro tribunal superior, pueda ser candidata a cargos de elección popular. Fueron presentados por distintos diputados de Cambiemos, de Evolución Radical (la fuerza de Martín Losuteau) y por Graciela Camaño, ex Frente Renovador, ahora alineada con Rodolfo Lavagana en Consenso Federal.

Los textos varían en cuanto a los delitos que alcanzan: mientras que algunos se refieren solo a los de corrupción, otros incluyen el lavado de dinero, narcotráfico, los delitos lesa humanidad, contra la integridad sexual, y hasta incluso cualquier delito penal doloso (con intención).

«La idea es consensuar un dictamen que recoja los principales puntos de los proyectos presentados», le adelantó Tonelli a Infobae, sobre la reunión que presidirá el martes, junto a su colega radical Diego Mestre, titular de la Comisión de Justicia.

De hecho, el diputado del PRO elaboró un borrador de dictamen que recoge los principales puntos comunes de las distintas iniciativas. Prevé la prohibición a ser electas a personas condenadas por hechos de corrupción en segunda instancia, «hasta su eventual revocación posterior o bien hasta el cumplimiento de la pena correspondiente».

Ese texto preliminar ya comenzó a circular entre los integrantes de ambas Comisiones para su análisis. Incluye los delitos de cohecho (coimas), tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito, encubrimiento, y fraude contra la administración pública. También incorpora los delitos contra la seguridad de la Nación.

Un evento ciudadano apartidario

Como cierre de la campaña – que a través de la plataforma Change.org, ya reunió casi 552.000 firmas-, el próximo lunes a las 17 en el Anexo de la Cámara de Diputados se realizará «un evento ciudadano apartidario» bajo el título «Juego Limpio en la política. La participación, las redes y las candidaturas».

Fue convocado por el promotor inicial de la petición, el licenciado en sistemas Gastón Marra, el analista internacional y profesor de la Universidad Paulista Gustavo Segré y la periodista Fanny Mandelbaum. En ese marco le harán entrega de las firmas recolectadas a Tonelli, quien ya anticipó que estará presente.

A través de una videconferencia, participará como invitado especial el ex juex brasileño Marlon Reis, de la organización civil Movimiento de Combate a la Corrupción Electoral, y autor de la Ley 135 conocida como Ficha Limpia, por la cual Lula no pudo presentarse en las últimas elecciones presidenciales de su país el año pasado. Paradójicamente, la norma había sido sancionada en 2010, durante el segundo mandato del líder del Partido de los Trabajadores, detenido desde abril del 2018.

Según le contó Marra a Infobae, el disparador de la petición fue lo que pasó con el ex presidente Carlos Menem, a quien la Corte Suprema habilitó a ser nuevamente candidato a senador en 2017, pese a que había sido condenado por la Cámara Federal de Casación Penal por el contrabando de armas a Croacia y Ecuador, después de haber sido absuelto en el juicio oral.

El Máximo Tribunal sostuvo en ese momento que podía presentarse porque no había tenido lo que se llama el «doble conforme» de la sentencia, respaldada por un Tribunal superior. El ex mandatario resultó finalmente electo hace dos años y, desde entonces, pasó a tener fueros parlamentarios que lo protegen de ir preso.

Si bien los proyectos legislativos presentados son de Cambiemos, y es esta fuerza política la que habilitó el debate del tema, paradójicamente, fue el senador del PJ Miguel Pichetto, actual candidato a vicepresidente del oficialismo, uno de los que defendió la candidatura de Menem a senador, más allá de la condena que pesaba sobre sus espaldas.

Del evento público del lunes en el Anexo de Diputados participarán los abogados Alejandro Fargosi, Eduardo Geromé, Alejandro Crucaroff, María Cristina Girotti y Marcelo Bermolén; el director de la Fundación Avina, Carlos March; y los periodistas Rosario Agostini e Ignacio Montes de Oca.

Como la capacidad del sala es limitada, los organizadores solicitaron inscripción previa al correo eventofichalimpia@gmail.com. Según informaron, ya se anotaron 250 personas y hay otras 50 en lista de espera.

Los proyectos presentados

Los proyectos analizados para el borrador del dictamen que se discutirá el martes fueron presentados por los diputadas de Cambiemos Silvia Lospenato, Elisa Carrió, Marcela Campagnoli, Marcelo Monfort, Lorena Matzen, Hugo Marcucci; sus colegas de Evolución Radical Carla Carrizo y Brenda Austin; y la diputada Camaño (Consenso Federal).

La mayoría establecen la prohibición de presentarse a cargos electivos en caso de una condena en segunda instancia por delitos de corrupción, lavado de dinero o narcotráfico, a excepción del texto presentado por Austin, que le impide ser candidatos a quienes hubieran sido condenados en una primera instancia.

El proyecto de Carrió extiende el impedimento a las personas condenadas en un juicio oral «a pena privativa de la libertad, aunque la sentencia no se encontrare firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso».

La diputada de la Coalición Cívica también amplía la prohibición a los delitos a procesados por delitos de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos ocurridos entre 1976 y 1983, delitos contra el orden y la seguridad públicas, lavado de dinero y por delitos contra la integridad sexual. Este último tipo de delitos también fue contemplado, junto a los de corrupción y narcotráfico, por Camaño, quien plantea que la condena haya sido confirmada y revisada, y cuente con el «doble conforme».

En el caso de la iniciativa de la diputada radical Matzen, le impide ser candidatos a las personas condenadas por femicidio o violencia de género, y a las que se encuentren inscriptas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Los textos de Campagnoli y Marcucci, por su parte, amplían la prohibición a las personas condenadas en segunda instancia por delitos penales dolosos, pero de cualquier índole.

En un segundo proyecto presentado este año, la diputada Lospennato -una de las primeras impulsoras del tema en la Cámara de Diputados en 2017- también propone crear un Registro de personas inhabilitadas por el Poder Judicial para ser candidatos a cargos electivos y para ejercer la función pública. El texto dispone que funcionará bajo la órbita de la Cámara Nacional Electoral, en base a la información que deberán proveerle los juzgados de todo el país.

El ejemplo brasileño

En Brasil, la ley de Ficha Limpia fue aprobada el 4 de junio de 2010 a raíz de una propuesta ciudadana que reunió más 1.600.000 firmas. Restringe a cualquier ciudadano condenado en segunda instancia por la justicia federal de ser elegido para un cargo público. En ese país, más de 2.000 candidatos se bajaron aún antes de que fuera sancionada la Ley de Ficha Limpia «por la presión social».

La norma brasileña contempla que la prohibición del derecho político a ser votado se extienda por ochos años, una vez cumplida la condena, el equivalente a dos mandatos presidenciales.

«Fue una de las mayores movilizaciones ciudadanas mas grandes desde el regreso de la democracia pidiendo esa ley que era la primera de tres objetivos ciudadanos: Ficha Limpia, Fin de lista sábana y fin de fueros privilegiados», le explicó Segré a Infoabe, quien si bien es argentino reside en Brasil.

«En Brasil no existe lista sábana desde que el voto es electrónico porque se vota a cada candidato, y la Corte Suprema solo reconoce fueros privilegiados para el período del mandato. Cristina Kirchner estaría presa si fuera senadora en ese país», concluyó el analista internacional.