Condena para Miguel del Sel: no puede ejercer cargos públicos

El cómico fue condenado porque no pudo justificar los gastos de su campaña como candidato a gobernar Santa Fe. El fallo alcanza también al intendente macrista de Funes, Diego Barreto, quien debería dejar el cargo

La Cámara Nacional Electoral confirmó la inhabilitación del ex candidato al gobernador del PRO y ex embajador en Panamá Miguel Del Sel para ejercer cargos públicos por seis meses a raíz de que no pudo justificar sus gastos electorales en la campaña para gobernar Santa Fe. También inhabilitó a quien en ese momento era tesorero del PRO y hoy es intendente de Funes, Diego León Barreto. El fallo implica que Barreto tendrá que dejar su cargo actual, salvo que apele a la Corte Suprema.

El fallo de la CNE fue firmado por los camaristas Alberto Dalla Via y Graciela Medina, con el voto en disidencia de Santiago Corcuera, quien tomó en cuenta un planteo de la defensa de Del Sel en torno a la prescripción. El fallo en primera instancia fue dictado por el juez de Santa Fe Reinaldo Rodríguez, quien evaluó que Del Sel no pudo justificar ni el origen ni el uso de los fondos de la campaña electoral en 2011, cuya rendición hizo en 2012. Fue un hecho muy previo a los casos de aportantes truchos en la provincia de Buenos Aires en 2017, que el PRO tampoco pudo nunca justificar, pero consiguió empantanar en el Poder Judicial.

Ese juez advirtió en su fallo que no se pudieron analizar las cuentas del PRO en el Banco Nación porque el partido nunca presentó los extractos bancarios. Señaló que “no contaba con la acreditación del origen y/o destino de los fondos recibidos por parte del presidente y tesorero del partido y los responsables políticos y económico-financieros de la campaña”. Por eso, fue condenado Del Sel como presidente del PRO Santa Fe en aquel momento, y quien fuera su tesorero, Barreto.

El ex candidato a gobernador y ex embajador, no obstante, anunció que no tenía intención de volver a competir por un cargo público. «Doy un paso al costado y vuelvo a actuar porque perdí plata», sostuvo el capocómico, quien regresó al trío Midachi. El juez Rodríguez, de todas formas, le aplicó la pena mínima: 6 meses de inhabilitación, por un delito electoral que puede tener una pena de hasta 10 años.

Tanto Del Sel como su ex tesorero apelaron al decisión y la Cámara Nacional Electoral confirmó la condena por dos votos contra uno. Los camaristas recordaron que el juez en primera instancia no aprobó las presentaciones contables porque faltaban explicaciones sobre el origen de los fondos y sobre cómo se gastaron. Esas explicaciones no aparecieron y los responsables, indicaron dos jueces de la CNE, eran Del Sel como presidente del partido y Barreto como tesorero. El camarista Corcuera firmó en disidencia, pero no disputó la cuestión de fondo, sino que hizo otra interpretación sobre los plazos de prescripción de la causa.

Para los camaristas que compusieron el voto mayoritario, en cambio, quedó «demostrado que se ve acreditada la situación que sanciona el artículo 63, inciso b de la ley 26.215. Asimismo, es menester destacar que el magistrado de grado aplicó a los recurrentes el mínimo de la sanción prevista por la norma, por lo que corresponde confirmar las sanciones resueltas». Para Del Sel, que ya dejó su carrera política, la noticia no tendrá demasiados efectos, más allá de lo que implica para el PRO que nuevamente el Poder Judicial comprueba un manejo poco claro de los fondos de campaña, que se suman a otros casos, como la pauta porteña que debía ir a las radios comunitarias y cuyo destino final tampoco se conoció, porque el Poder Judicial cerró la causa sin investigar.

En cambio, para Barreto el fallo implica que deberá dejar su cargo como intendente de Funes, ya que está inhabilitado por el Poder Judicial para ejercerlo. Es posible que el funcionario PRO interponga un recurso ante la Corte Suprema para estirar los tiempos en que el fallo quedará firme.

Cuando se dictó el fallo en primera instancia, el intendente eligió defenderse con un comunicado, en el que dijo: «Me veo obligado a explicarles la enorme injusticia a la que estoy siendo sometido en estos días: el 14 de diciembre del año 2012 asumí el cargo de tesorero, el cual desempeñé por 17 días. Yo no era autoridad, no participé en las decisiones de la campaña y tampoco tuve participación ni en la recaudación, ni en los gastos en el período denunciado», sostuvo y dijo que apelaría. Ahora la Cámara confirmó la condena.