Cannabis medicinal: permitirán el autocultivo y la producción pública

El objetivo de la nueva reglamentación es garantizar el acceso, la posibilidad de inclusión de otras patologías, la gratuidad, la investigación y la calidad.

La implementación del uso del cannabis medicinal avanza en el país y el Ministerio de Salud de la Nación propuso una serie de eje centrales en lo que será la nueva reglamentación de la Ley 27.350. En ese sentido, aseguró que permitirá la producción pública de aceite de cannabis, el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y la creación de un nuevo registro de pacientes.

La iniciativa se llevó a cabo en el marco de la primera reunión del Consejo Consultivo Honorario sobre la investigación médica y científica del uso de la planta de cannabis y sus derivados. En el encuentro participaron organizaciones de la sociedad civil de diferentes regiones del país, representantes de organismos estatales y autoridades del Ministerio de Salud de la Nación. Entonces, se acordaron los aspectos principales de la propuesta de nueva reglamentación de la Ley 27.350.

La propuesta consensuada por todos los integrantes del consejo consultor avanza sobre cinco aspectos centrales: el acceso, la posibilidad de inclusión de otras patologías, la gratuidad, la investigación y la calidad.

En este sentido, para garantizar el acceso se impulsa el registro de especialidades medicinales, la producción pública, se permite el autocultivo controlado, la ampliación de especialidades médicas para su prescripción y un registro de pacientes. Además, establece la promoción y apoyo a la investigación clínica para la generación de evidencia para la indicación terapéutica en otras patologías.

El aspecto de la gratuidad estará contemplada para las personas con cobertura pública exclusiva; y en lo que se refiere a la investigación, estipula que los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos, no requerirán autorización del Ministerio de Salud.

En cuanto a la calidad, las universidades, a través de sus programas de extensión vinculados al cannabis medicinal trabajarán para el testeo de sustancias y cultivos experimentales para fortalecer la investigación y el acceso.

“Quiero agradecer a las organizaciones civiles por el camino transitado por años para llegar a una ley sobre el uso medicinal del cannabis, nuestro compromiso es vincularlas con un Estado presente”, manifestó el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, durante la reunión virtual.

Para la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, la propuesta de la nueva reglamentación “era una deuda pendiente del Estado y tenía la obligación de dar una respuesta a la sociedad en relación a una ley que tiene sus limitaciones”. Al respecto, la funcionaria subrayó que “era imperioso generar este nuevo consenso que visibilizara todo el trabajo de la sociedad civil, de las organizaciones, de las universidades y de la construcción colectiva que se generó, y en ese sentido, es necesario el acompañamiento del Estado para agregar calidad, equidad, acceso y seguridad para los pacientes”.

“Es una oportunidad para iniciar una nueva etapa con un Estado presente, y con el rol fundamental del consejo consultivo federal y multidisciplinario en relación a la construcción de consensos que permite que Argentina siga avanzando en una estrategia integral en relación a la salud de las personas”, añadió.

Durante la reunión en la que se aprobó por unanimidad el nuevo reglamento del consejo consultivo, además se amplió la participación de las organizaciones civiles de tres a seis y se designó como presidenta del mismo a la subsecretaria de Medicamentos e Información Estratégica, Sonia Tarragona.

Junto a las autoridades sanitarias nacionales e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, participaron del encuentro representantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); del Instituto Nacional de Semillas (INASE); del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); del Consejo Interuniversitario (CIN)); de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP); del Ministerio de Desarrollo Productivo y Fabricaciones Militares perteneciente al Ministerio del Interior y especialistas en el tema.