Los Empleados VIP de Larreta: de Martiniano y Stanley a ex espías de la AFI y la familia judicial

No sólo para vacunarse hay que tener una buena lista de contactos. Al ex intendente de Quilmes, Martiniano Molina, después de un año en el llano, le alcanzó con levantar el teléfono para desembarcar en el Gobierno de la Ciudad, cobijado por Horacio Rodríguez Larreta. Consiguió nada menos que una planta permanente –algo por lo pelean miles de empleados de la administración porteña hace largos años–  en la estructura del Ministerio de Desarrollo Económico y Producción, a cargo de José Luis Giusti, de perfil bajo pero uno de los ministros de peso en la Ciudad: se encargó de coordinar el traspaso de la Federal –y fue premiado por su éxito.

En su nuevo puesto, Martiniano va a cobrar más de 155 mil pesos por mes. El argumento que el chef tuvo que dar para justificar cómo llegó al cargo dejó gusto a poco: al parecer sus tareas se repartirán entre “asesorar” en “políticas de desarrollo gastronómico” de la Ciudad (hay varias en carpeta, entre ellas el “Distrito Joven”, el nombre que tomó la privatización de la Costanera Norte) y ser su cara visible. Pero hubo otros como él –y la lista es larga– que también se quedaron sin lugar en la política después del fracaso de Cambiemos en 2019 y fueron repatriados con contratos onerosos en la Ciudad, pero zafaron de tener que ponerse a dar explicaciones.

Uno que llamó la atención en su momento fue Matías Lanusse. Venía de ocupar durante los cuatro años de mandato de María Eugenia Vidal la dirección del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de Buenos Aires (IPLyC), y Larreta le ofreció nada menos que manejar los hilos de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) porteña, organismo encargado de vigilar y multar los usos indebidos –e ilegales– del espacio público.

En esa materia no le falta expertise, es cierto: Lanusse estuvo procesado por formar parte de la UCEP, la patota creada durante el primer mandato de Macri en la Ciudad para golpear y desalojar por la fuerza a personas en situación de calle para que las veredas estén “limpias”. En esa causa sufrió junto a Fabián Rodríguez Simón, alias “Pepín”, a la postre asesor presidencial de Macri en materia judicial, también procesado como jefe de la banda. Se ve que esos antecedentes son suficientes para llenar un CV irrechazable en la sede de Parque Patricios. Se lo vincula políticamente a Daniel Angelici, que tiene varios de los suyos dentro de la administración.

Hay otro caso reciente de tono más político: luego de que la propia Vidal aceptara colaborar Ad Honorem con la Ciudad en materia social en plena pandemia, lo que le valió un carnet transitorio de “esencial” a inicios de la cuarentena para moverse y despertó suspicacias sobre un posible cruce electoral de la General Paz, la que llegó, ahora sí, con un cargo –y de importancia– fue una dirigente de “entorno”: la ex ministra de Desarrollo Social de la Nación hasta 2019, Carolina Stanley. Lo hizo al frente de la Asesoría Tutelar General porteña, un cargo que dura nada menos que siete años. Con la salvedad de que en su caso fue a través de un acuerdo político: el pliego de Stanley fue votado por la oposición del Frente de Todos en la legislatura porteña a cambio de la llegada de otra dirigente, Marcela Millán, al Ministerio Público de la Defensa.

La ambulancia de Larreta también levantó del llano a un viejo conocido de los gremios docentes: Gabriel Sánchez Zinny. ¿Por qué será recordado? Fue el director de Escuelas bonaerense cuando estalló la escuela 15 de Moreno que se cobró la vida de su directora y de uno de sus trabajadores. Desde diciembre de 2019 es director ejecutivo de la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa de la Ciudad de Buenos Aires. Nótese la paradoja: de que le explote una escuela a su cargo a “evaluar” la “calidad” educativa. Sánchez Zinny también es socio del senador Esteban Bullrich en la offshore Formar Foundation, documentada en los Panama Papers.

Pero la sorpresa más grande llegó a la dirección del Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE). Allí recaló en enero pasado nada menos que el “número 3” en la estructura de la ex AFI (investigada por espionaje ilegal), y ex director de legales del organismo de inteligencia, Juan Sebastián «El Enano» De Stéfano. Hasta ahora no firmó ninguna resolución, pero el sueldo lo sigue cobrando. De Stéfano es uno de los espías más cercanos a Daniel Angelici y tiene un prontuario público bastante extenso: en 2018 fue acusado de haber apretado con carpetazo al juez Luis Carzoglio para que meta preso a Pablo Moyano por presunta “asociación ilícita” con la barrabrava de Independiente; y en 2017 fue denunciado por el ex presidente del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, Jorge Rizzo, quien es además el abogado del juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, porque, según dijo una banda de De Stéfano estaba «todo el tiempo viendo lo que hacemos o lo que dejamos de hacer y tratando de manchar al Colegio” de abogados porteños. 

Gustavo Ferrari, ex ministro de Justicia de Vidal, fue uno de los primeros en llegar. Primero reemplazó en su cargo en Provincia a Carlos Mahiques, quien pasó a juez de la Cámara Federal de Casación Penal en una decisión escandalosa del consejo de la Magistratura. Ferrari es ahora  “asesor jurídico y legal” de la Ciudad.

La lista la cierran, entre otras figuras de peso, el ex ministro provincial y nacional de Economía, Hernán Lacunza (también “asesor” porteño) y Enrique Avogadro ex número dos de Cultura a nivel nacional y amigo de juventud de Marcos Peña, hoy ministro de esa cartera en la Ciudad.