Transparencia: Javier Milei anula el DNU de Alberto Fernández que beneficiaba a empresas de seguros estatales
POLÍTICA
Las instituciones del Estado ahora no estarán obligadas a contratar seguros estatales, salvo que sea la única opción disponible de cobertura.
El gobierno de Javier Milei ha dado un importante paso al derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 823/21, promulgado durante la presidencia de Alberto Fernández, que había permitido irregularidades en la contratación de seguros estatales. Esta medida fue tomada tras detectar que la normativa facilitaba la concreción de contratos con sobreprecios, beneficiando a ciertas entidades, incluyendo a Nación Seguros.
La derogación del decreto fue formalizada este miércoles con la publicación del Decreto 747/2024 en el Boletín Oficial. Esta acción restablece las disposiciones originales de la Ley N° 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional, eliminando las modificaciones introducidas por el DNU de Fernández. La iniciativa fue encabezada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en colaboración con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quienes serán los encargados de supervisar las documentaciones relacionadas a estos contratos.
El artículo 1 del nuevo decreto establece la derogación no solo del DNU 823/21, sino también de otros decretos anteriores relacionados con la obligatoriedad de contratar pólizas de seguros a través de proveedores del Estado. Con esta medida, el gobierno se comprometió a revisar los fondos ya asignados a contratos vigentes y a aquellos que fueron acordados bajo la normativa derogada.
Las empresas y organismos del Estado tendrán un plazo de 30 días para presentar la documentación requerida ante la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Desregulación. Además, el decreto establece que se considerará como «ventaja, beneficio o preferencia» cualquier criterio de selección que favorezca a una entidad específica, lo cual será investigado y sancionado si se detecta irregularidad en futuros procesos de contratación.
