Sin techo, sin tierra, sin vida

En La Matanza, la Policía Bonaerense reprimió a balazos a un centenar de familias que intentaban ocupar terrenos fiscales. Rodolfo Orellana, militante de la CTEP, cayó muerto en medio de los disparos. En conferencia de prensa, movimientos sociales, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos repudiaron el ataque policial

Un militante de Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) fue asesinado durante una represión de la Policía Bonaerense contra un centenar de familias que intentaban tomar terrenos en la zona de Puente 12, en el partido de La Matanza. El hecho ocurrió a la madrugada de ayer y dejó también heridos de balas de goma y cuatro detenidos e incomunicados, que fueron repartidos en distintas comisarías de La Matanza.

La víctima es Rodolfo “Ronald” Orellana, quien integraba la Organización Libres del Pueblo (OLP-CTEP) y se había movilizado al predio ubicado sobre Camino de Cintura, a metros de Ricchieri, con el objetivo de instalar viviendas. Orellana tenía 33 años y cinco hijos, la mayor de 15 años, la menor de menos de dos. Vivía en Villa Celina, donde estaba a cargo de los emprendimientos textiles de la Organización Libres del Pueblo-CTEP.

Durante la represión fue herido en la cara y a la altura de la ingle. Al cierre de esta edición no se había dado a conocer la autopsia que certificara si las heridas fueron producidas por balas de plomo o por otro tipo de arma. Pero sin dudas hubo una represión policial –que en parte quedó grabada–. Los dirigentes de la CTEP que hablaron con los testigos directos de lo sucedido aseguran que Orellana cayó cuando la policía efectuaba disparos sobre los que participaban de la toma, para desalojarlos.

“No más de cien vecinos fueron a ocupar los terrenos sin una planificación, empujados por la necesidad”, detalló Pablo Puebla, el referente barrial del movimiento donde militaba Orellana. “Sobre por qué nuestros compañeros se sumaron a la toma, podemos decir que la mayoría alquila piezas de 2 por 4 por montos cada vez mayores; la necesidad es muy fuerte. Las tierras a las que fueron son fiscales, y en el lugar encontraron a dos patrulleros de la Policía Bonaerense, con una persona de civil. Se generó una discusión en la que los policías advirtieron a la gente que ‘si querían guerra la iban a tener’. Una vez que entraron, los vecinos escucharon detonaciones. Nuestro compañero cayó con dos heridas, una en la nariz y otra en la zona de la pelvis”.

Minutos después, prosiguió Puebla, “llegaron refuerzos de la policía que dispararon con postas de goma” y detuvieron a cuatro personas.

Los últimos momentos de vida de Orellana fueron registrados en un video que circuló por las redes sociales. Las imágenes lo muestran herido e inconsciente, tirado en un pastizal y socorrido por personas que piden una ambulancia. De fondo se oyen los disparos de la represión que continuaba.

Con postas de goma fueron heridos además una decena de personas y hubo cuatro detenidos: Mirian Calizaya, Alanes Coria, Wilson Delgado y Hugo Vedia.

Los arrestados fueron llevados inicialmente a la comisaría de Ciudad Evita, donde quedaron incomunicados, bajo el cargo de usurpación, aunque poco después del mediodía fueron trasladados a distintas comisarías de La Matanza, todo indica que ante el temor de que se reunieran manifestantes en protesta por la muerte de Orellana.
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Movimientos sociales, organismos de derechos humanos y dirigentes políticos se reunieron en la sede de la CTEP para respaldar la conferencia de prensa en la que, por la tarde, se repudió la represión. “Acá hay un solo culpable de lo sucedido: las políticas que generan desigualdad e injusticia, que derivan en tragedias como ésta”, señaló Lito Borello, titular del Comedor Los Pibes y secretario de derechos humanos de CTEP.

En el encuentro con los medios estuvieron Juan Grabois, Hugo Godoy (CTA Perón), Horacio Pietragalla, Wado De Pedro, Oscar de Isasi (ATE bonaerense), Luis D’Elía, Nacho Levy (La Poderosa), Eduardo Murúa (Movimiento de Empresas Recuperadas), integrantes del Frente Darío Santillán y de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, entre otros.

Los referentes más cercanos a los vecinos que intentaron la toma habían logrado reconstruir que desde la mañana del miércoles en los barrios cercanos circulaba el rumor de que se preparaba una ocupación y que los lotes estaban libres. “El nivel de necesidad y desesperación de los vecinos es muy fuerte”, definió Belén Rosas, compañera de militancia del asesinado. Es decir que la participación de militantes de la OLP-CTEP no fue orgánica, sino incentivada por versiones que circularon para acelerar la ocupación.

El predio en el que ocurrió la represión es fiscal y está bajo la órbita de la Agencia de Administración Bienes del Estado. Iber Mamani, referente de la comunidad boliviana y del Movimiento Popular Patria Grande, contó desde La Matanza el proceso histórico que da contexto a lo sucedido. Dijo que hace tres años un primer grupo de familias se asentó en la zona, aunque fue desalojada en un operativo que tiró abajo sus precarias edificaciones. “Estas familias habían comprado los terrenos de buena fe a un estafador que asegura tener documentos que le dan la posesión de los terrenos. En ese momento se abrió una negociación con el Estado, se hizo un censo y unas 50 familias pudieron asentarse. Casi todas, como el asesinado Orellana, pertenecen a la comunidad boliviana.

“Por ese acuerdo se dejó sin lotear un sector, en el que se encuentra un cementerio querandí. Los vecinos lo entendieron.” Sin embargo, agregó Mamani, en el último año se volvió a repetir el mecanismo de la estafa y los terrenos volvieron a ser vendidos. Así habrían comenzado los movimientos para la ocupación.

“Nosotros repudiamos la represión. El Estado es responsable, porque sobre esos lotes hay incluso una orden judicial de señalizar ese lugar. En las últimas dos semanas presentamos nuevas denuncias al AABE sobre que los terrenos habían sido vueltos a vender ilegalmente y se preparaba una toma de la gente que había sido estafada. Lamentablemente el Estado no intervino. Con este Gobierno lo que hay son respuestas brutales como ésta”.

Laura Taffetani, abogada de dos de los detenidos, contó que no le permitieron tomar contacto con ellos. “Mirian Calizaya es una mujer joven con un hijo que todavía toma la teta. Para alimentarlo –dijo a PáginaI12–, los familiares permanecen con el niño en la puerta de la comisaría, y cada tres horas le mandan al bebé. Es una crueldad innecesaria.”