Presentaron un proyecto para limitar a los jueces “saca presos”

El oficialismo pretende que se reduzcan los casos de magistrados que otorgan beneficios de libertades asistidas a los condenados que no completaron el cumplimiento de sus penas. De este modo se busca evitar que se repitan hechos como el crimen de la pequeña Abril Bogado

El senador de la Provincia de Buenos Aires Juan Pablo Allan presentó ayer un proyecto para limitar a los jueces que otorgan libertades asistidas para los presos del territorio bonaerense, adaptándose a la legislación nacional. El dirigente de Cambiemos expresó que, “sin dudas, la tragedia de Abril Bogado ha puesto sobre la mesa la necesidad de terminar con los márgenes de discrecionalidad de los magistrados que toman decisiones sin reparar en las víctimas ni en la sociedad en general, que se ve afectada cuando liberan a alguien que no demostró superar su peligrosidad”.

El texto de dicho proyecto tiene la finalidad de modificar la Ley de Ejecución penal de la Provincia para adaptarla a la legislación nacional y reducir la cantidad de casos en los que los jueces pueden otorgar beneficios de libertades asistidas. La variante procesal había sido otorgada al asesino de la pequeña de doce años, José Edgardo “Pepito” Echegaray Biel por el titular del Juzgado de Ejecución Penal nº 2 de La Plata, José Nicolás Villafañe.

“Con esta modificación, que fue consensuada con el Ministerio de Justicia Bonaerense, estamos poniendo a la ley provincial en sintonía con el régimen nacional y acotando la discrecionalidad de los jueces en los beneficios que pueden otorgar a los presos”, manifestó el presidente de la comisión de Educación del senado.

 

Para las “condenas graves”

“Más allá del grado de ideología de cada magistrado, queremos que las condenas graves se cumplan en su totalidad en prisión, y con esta modificación a la ley estamos dando una herramienta concreta a la Justicia para que así ocurra”, sostuvo Allan. El proyecto contempla que no podrán otorgarse salidas asistidas a aquellos condenados por homicidio simple y agravado, lesiones gravísimas agravadas por alevosía o por violencia de género, delitos contra la integridad sexual y privación ilegal de la libertad coactiva.

Asimismo, todas las figuras anteriormente mencionadas están incluidas en el texto presentado por el senador en su grado de tentativa. Además, también se excluye de ese beneficio a quien cometa “secuestro extorsivo, si se causare la muerte de la persona ofendida; la portación ilegal de armas de fuego, entre otros casos”.

El legislador solicitó que todas las fuerzas acompañen esta iniciativa ya que es una herramienta muy importante que dará “certeza a la Justicia y tranquilidad a los bonaerenses”.

 

Apostando al futuro

“Casos como el de Abril hay, lamentablemente, muchos anteriores. Este mismo juez había liberado a un detenido que después fue el causante de cuatro crímenes en la masacre de Hudson. Hay muchos jueces como Villafañe, que me merece el mayor de los respetos porque falló dentro de los márgenes de la ley, aunque no coincida”, expresó el senador, y agregó “lo que tenemos que hacer es que los márgenes de la ley se estrechen lo máximo posible en los delitos graves”.

“Hay un universo que le permite al juez tomar una decisión independientemente de que uno de los informes sea negativo. Estamos buscando que en delitos graves se cumpla la condena, pero no queremos generar falsas expectativas, hay que aclarar que una vez sancionada la ley se aplicará a los delitos cometidos con posterioridad, los resultados no van a ser inmediatos”, explicó Allan.

 

Denunciaron a Villafañe y se debatirá si le hacen un jury

El pasado martes un abogado particular presentó una denuncia contra el juez José Nicolás Villafañe en la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados, dirigida por el doctor Ulises Alberto Giménez. A partir de dicha presentación, fuentes oficiales confirmaron que se conformará un Jurado de Enjuiciamiento para saber si la acusación tiene los fundamentos necesarios para avanzar en la destitución del funcionario judicial.

La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Hilda Kogan, presidirá el Jurado de Enjuiciamiento, el cual se conformará por cinco abogados de la matrícula en condiciones de ser conjueces, por sorteo público, y cinco legisladores, designados por el Senado mediante sorteo.

El Jurado de Enjuiciamiento evaluará los argumentos del abogado particular para determinar si la denuncia debe ser derivada o si se tiene que iniciar un jury contra el juez. Cabe destacar que si se decide iniciar un proceso contra Villafañe, éste tendrá treinta días hábiles para poder presentar su descargo.

 

El Ejecutivo, a disposición

A partir de la denuncia contra el juez Villafañe, el Ejecutivo provincial puso a disposición a través del Ministerio de Justicia todos los elementos para que el jurado determine la responsabilidad que podría caberle al magistrado en la causa por el asesinato de la pequeña Abril Bogado.

El gobierno bonaerense puso a disposición del organismo que conduce Giménez todos los antecedentes y documentación de José Edgardo “Pepito” Echegaray Biel, los informes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), los antecedentes carcelarios y demás. Seguramente, antes de conformar el jurado, se le pedirá al abogado que denunció a Villafañe que ratifique su acusación.

Cabe recordar que no es el primer pedido de juicio político contra el juez que liberó a “Pepito” Echegaray Biel. En mayo de 2012 diputados provinciales del Frente para la Victoria presentaron un pedido de jury contra Villafañe al conocerse que el responsable de la “masacre de Hudson”, localidad donde se cometió un cuádruple crimen contra una familia, gozaba de salidas transitorias otorgadas por dicho magistrado al momento de cometerse los asesinatos.

Finalmente, dicho pedido no prosperó, sin embargo, el diputado Rodolfo Iriart, que participó del primer pedido de juicio político contra Villafañe, afirmó ayer que va a “pedir nuevamente” que se evalúe al juez porque “no puede estar al frente de un juzgado”.

 

Caso Micaela García: un triste antecedente

Una nueva Ley de Ejecución Penal entró en vigencia el 28 de julio pasado, luego de que el Congreso Nacional la aprobara el 5 de dicho mes. Esta modificación avanzó tras la violación y femicidio de la joven entrerriana de 21 años Micaela García, el 8 de abril último, hecho por el cual fue condenado a prisión perpetua el exconvicto Sebastián Wagner, quien cuando ocurrió el hecho gozaba del beneficio de la libertad condicional.

La nueva norma establece que no podrán pedir beneficios, como salidas transitorias o libertad condicional, sino que deberán cumplir toda la pena en prisión los condenados por homicidio agravado, secuestro seguido de muerte, delitos contra la integridad sexual y robo con armas. Tampoco podrán ser alcanzados por los beneficios aquellos que cumplan pena por privación ilegal de la libertad coactiva seguida de muerte, tortura seguida de muerte, homicidio en ocasión de robo, trata de personas, condenados por violaciones a la ley antiterrorista, financiamiento del terrorismo, contrabando agravado, y producción y comercialización de estupefacientes.

Un gran avance en los cambios de la legislación nacional es que estipula que la víctima tendrá derecho a ser informada y a expresar su opinión en todo lo que crea conveniente ante el juez de Ejecución penal, o magistrado competente, cuando un condenado solicite algún beneficio, ya sea salidas transitorias, régimen de semilibertad, libertad condicional, prisión domiciliaria, prisión discontinua o semidetención, libertad asistida o régimen preparatorio para su liberación.