El Gobierno sacó tres decretos para reforzar el control sobre los gastos de las universidades públicas
POLÍTICA
El Gobierno prohibió a las universidades públicas a contratar de manera directa, entre otras medidas anunciadas.
El Gobierno nacional continúa en su lucha por controlar los gastos e ingresos de las universidades públicas. En este marco, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció en su cuenta de X la publicación de tres decretos para reforzar los controles sobre las casas de estudio por pedido del presidente Javier Milei.
Se trata de los decretos 1091/24, 1092/24 y 1093/24 firmados por el presidente, Javier Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. De esta manera, buscan profundizar con los controles dentro de las universidades y evitar contrataciones indebidas o gastos excesivos que luego debe solventar el Estado argentino.
«Hasta ayer, las jurisdicciones del Estado Nacional podían hacer contrataciones directas de bienes y servicios con universidades, facultades y entidades inscriptas en el Registro Nacional de Efectores de Economía Social. Lo ilustramos para que se entienda para que se usaba esto. Cuando el Estado tenía que contratar personal en condiciones diferentes a las del resto de la administración (o para usos difíciles de justificar) hacía un contrato con una universidad. Mandaba la partida, una lista de empleados a contratar y la universidad gestionaba el contrato y se quedaba con una comisión. Así se expandía la planta de empleados públicos sin mayor control ni de los recursos, del uso de los mismos, ni de las funciones de dicha planta», explicó el funcionario.
Justamente este mecanismo quedó prohibido con el DNU 1091/2024 y «de ahora en más cualquier contratación con universidades deberá ceñirse al régimen general de contrataciones». Por otro lado, «el decreto 1092/24 instruye a las universidades nacionales de adoptar los sistemas electrónicos http://COMPR.AR y http://CONTR.AR que son elementales para la difusión y transparencia de las contrataciones de bienes y servicios. Si bien algunas universidades ya utilizan estos sistemas, hay otras que se mantiene al margen del sistema y de la ley», agregó.
Por último, el decreto 1093/24 establece la obligación a todas las entidades de la Administración Pública (empresas, universidades, entes, entre otros) de utilizar el Sistema Integrado de Información Financiera (e-SIDIF). Este sistema que se utiliza para la administración de los recursos públicos y la gestión de pagos, promoverá la digitalización, seguridad y rapidez en los procesos.
