Advierten que con el sistema de salud de Macri “el que no puede pagar, se muere”

La antesala de la privatización. Así parecen definir los expertos en el tema al nuevo sistema de salud que quiere implementar el gobierno nacional. Las disidencias son dentro y fuera del país, ya que un sistema similar ha fracaso en otros países de la región como Colombia.

La Cobertura Universal de Salud que implementó Mauricio Macri vía decreto de Necesidad y Urgencia, se presenta como un beneficio para la población a partir de un bono que cubriría determinadas atenciones en el sistema de salud público. Lo que omite este proyecto es que en nuestro país la salud es pública por derecho.

Sin embargo, la experiencia de este sistema en otros países como Colombia ha privatizado completamente a la salud pública y ha llevado a la quiebra a decenas de hospitales, lo que genera miles de muertes evitables de las poblaciones más postergadas.

“La CUS es un cascarón si nada. Lo que viene detrás de esto es el sistema de Colombia. Lo primero que hace el gobierno es marchar a una privatización de salud y que la gente tenga que pagar por el servicio, que es gratuito en la Argentina”, dijo para INFOCIELO el ex ministro de Salud de la Nación, Daniel Gollán.

Para el ex ministro hay dos formas que podrían encaminar lentamente a la salud a un sistema privatizado: la restricción presupuestaria en el área y la “desesperación” de la gente.

“Esto se puede dar forzosamente. Si se recorta gran parte del presupuesto de la Salud público, eso hará que la gente que tiene un poquito más de dinero, acepte pagar. Así se va a estratificando la salud”, advierte el ex ministro.

Durante el primer año y medio de Mauricio Macri, la salud recibió el 5,8  del PBI, lo que antes llegaba al 12 por ciento.

Lo que varios sindicatos y militantes de la salud pública vienen alertando, en Colombia ya es una realidad. Alejandra Dávila es una Trabajadora Social colombiana y vive en la Argentina desde hace varios años. Desde su experiencia señala que durante el gobierno de Cesar Gaviria y a partir de la constitución de 1991, el “sistema de salud se abrió al mercado” luego de que el Estado se declarara en déficit a esa área.

“Se instaló el discurso de que las empresas, para ser competitivas, iban a ofrecer mejores servicios de salud y las personas podrían elegir donde atenderse”, cuenta Dávila.

Sin embargo, un tiempo después los resultados perjudicaban a gran parte de la población y generaban graves consecuencias en la salud de los y las colombianas: “En Colombia, las personas que no pueden pagar tienen que comprobar su situación según su estrato social. Hay estrato del 0 hasta el 6. Una persona que vive bien es estrato seis, los sectores medios son tres y dos y el uno o cero, son los más humildes y pobres”, describe la Trabajadora Social.

La estratificación de la salud y por ende de la sociedad, amplia la brecha entre los que más tienen y menos tienen y producen miles de muertes evitables cada año.

En palabras del ex ministro de Salud, Daniel Gollán: “con este sistema que quiere implementar Macri, el que no puede pagar, se muere”.

Las preguntas pasan en torno a la resistencia del mundo de la salud y en cómo podría aplicarse semejante proyecto para un país que tiene una cultura de lo público inmersa en la sociedad.

La Cobertura Universal de Salud no solo estratificaría a la población de aplicarse, generando una privatización a medias que podría ir ampliándose poco a poco, sino que también significa un millonario negocio que además significará un traspaso de los recursos del sistema público al privado.

“Si no hay turno en el hospital lo van a mandar a una clínica, que después le va a facturar al hospital público, con lo cual se va a derivar fondos del sector público al sector privado”, explicó hace poco para la FM CIELO 103.5, Jorge Rachid, especialista en Seguridad Social y Salud.

Es importante recordar que la CUS se financiará a partir del acuerdo entre el presidente Macri y los gremios de la CGT, que a partir de la devolución de millones de pesos para la caja de las obras públicas, le permitirá al Gobierno echar mano de 8 mil millones de pesos del Fondo de Redistribución Solidaria, que se constituye mediante los aportes de los trabajadores a sus obras sociales sindicales.