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Post elecciones: continúan los aumentos, el gas subiría un 40% antes de fin de año

Tal como se anticipó desde este medio, el Gobierno comenzó a cumplir con algunas de las premisas establecidas dentro del libreto previamente escrito. No son buenas noticias para los consumidores, ya que se trata de un nuevo aumento en las tarifas de servicios públicos.

El triunfo en las urnas, además, le dió a Cambiemos un espaldarazo fundamental para la medida. Enargas, el ente que regula al sector gasífero, puso en marcha los mecanismos que conducirán a un nuevo aumento de tarifas, que tiene previsto aplicar en diciembre. Esa suba estaba pensada y ya había sido anunciada por el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Ayer, el ente regulador convocó a audiencias públicas el 13 y el 14 del mes próximo para discutir los aumentos.

Los nuevos aumentos abrirán una nueva era en la administración de los servicios públicos, al menos desde el punto de vista de las empresas prestatarias. Por primera vez en más de 15 años, recibirán un ajuste por inflación para que el encarecimiento de los precios internos no afecte su ecuación económica.

La revisión tarifaria integral (RTI), que se hizo a fines del año pasado, dispuso que los ingresos de las empresas se ajusten sobre la base del índice de precios internos al por mayor (IPIM). El dato de octubre recién se conocerá en la primera semana del mes próximo, pero sumaba hasta septiembre pasado un incremento del 14,78%, que debería trasladarse por completo a la factura (su impacto en la boleta, en términos porcentuales, sería mucho menor).

A eso se sumaría el segundo escalón de los aumentos prometidos por Energía en materia de transporte y distribución de gas. Para no ocasionar una nueva indigestión tarifaria, el Enargas les dio a las distribuidoras en enero una suba del 30%, en noviembre otra del 40% y habrá otra del 30% adicional a partir de abril del año próximo.

Habrá más componentes que engrosarán la factura. Por ejemplo, el precio del gas en boca de pozo, que ahora ronda los 3,77 dólares por millón de BTU, pasará a 4,19 dólares para un cliente promedio. El aumento se destinará a reducir los subsidios que el Estado destina a las petroleras, últimas beneficiarias de la suba. Ese ajuste debía aplicarse este mes, pero se postergó por las elecciones.

Aunque aún restan elementos para hacer el cálculo final, en el sector privado estimaban ayer que un cliente promedio denominado R3-1, que se ubica a mitad de camino entre los que menos y los que más consumen, tendrá un aumento no inferior al 40%.

En paralelo a los ajustes del gas, el Gobierno pondrá en marcha ajustes en las tarifas de electricidad, que siguen una lógica similar. Edenor y Edesur esperan que en la última parte del año el ENRE, el organismo que regula el sector, les otorgue una suba adicional superior al 10% por encima de los ajustes ya anunciados para este año, para compensar los aumentos de costos que tuvieron en la primera parte de 2017. En la práctica, el ajuste por inflación tendrá un impacto en torno al 3% en la factura final del cliente. Ambas empresas tuvieron aumentos de tarifas en enero de este año, pero les queda por aplicar un ajuste del 19% (sumará 8% a la factura final), que debería aplicarse el mes próximo, pero quedará para diciembre. Además, recibirán otro 18% en febrero de 2018, siempre que la Casa Rosada no ordene alterar el cronograma anunciado.

Al igual que en el gas, es casi un hecho que la cartera de Aranguren disponga un nuevo aumento del precio mayorista de la electricidad, que cobran las compañías que generan energía. Se trata de un elemento clave para avanzar en la reducción de subsidios y, por lo tanto, en el achicamiento del déficit fiscal, al que volvió a hacer referencia ayer el presidente Mauricio Macri.

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El mayor esfuerzo que comenzaron a hacer desde el año pasado los consumidores para pagar más por los servicios de gas y de electricidad comenzó a notarse en las cuentas públicas. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), los subsidios del Estado a sectores económicos alcanzaron en los primeros nueve meses del año los $ 181.486 millones, con una baja interanual del 14,4%. Eso se debió principalmente a una fuerte reducción en septiembre.

La entidad destacó la «baja muy significativa» de ese mes se debió a la retracción de las transferencias destinadas al sector energético, con un descenso del 51,6%. «Los subsidios al sector energético, que habían crecido un 53% interanual en 2016, retrocedieron un 30,8% en los primeros nueve meses del corriente año», subrayó ASAP.