Reforma fiscal: Acuerdo con los gobernadores
El presidente Mauricio Macri, acordó con todos los gobernadores menos con el de San Luis aplicar una reforma tributaria y avanzar con un «pacto fiscal hacia la reducción sistemática del déficit». La mandataria bonaerense, María Eugenia Vidal, se comprometió a «dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense» en la Justicia tal como le fue pedido.
Antes que los líderes provinciales se reunieran con el Jefe de Estado, lo hicieron con los ministros del Interior, Rogelio Frigerio, y el de Hacienda, Nicolás Dujovne, para intercambiar posiciones y elaborar un documento más cercano a los intereses y necesidades de las partes. De esa manera, los mandatarios provinciales aceptaron la propuesta de Nación a cambio de un bono del 15% para compensar las deudas pendientes, menos el de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá.
En ese marco, Macri remarcó que «cada vez que reduzcamos gastos corrientes vamos a tener la posibilidad de invertir, pero silmultáneamente hay que bajar los impuestos». Además, habló sobre el empleo público y los salarios altos y explicó que «si le competimos con salarios más altos, el sector privado no va a poder generar empleo genuino, más teniendo en cuenta que tenemos una paritaria por delante».
Frigerio,por su parte, señaló que «la provincia de Buenos Aires se compromete a dar de baja el reclamo del Fondo del Conurbano Bonaerense y, como contraprestación, alcanzar un camino gradual hasta llegar a lo que dice la ley, que la provincia reciba el 10 por ciento del impuesto a las ganancias».
En cambio, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en conferencia de prensa anunció: «se logró». A continuación explicó que fue posible «gracias a un trabajo de diálogo intenso, un acuerdo muy importante y muy histórico que permitirá avanzar en una agenda legislativa que refleje este acuerdo».
Además el funcionario nombró el acuerdo alcanzado ayer con la CGT, «para poder avanzar en un nuevo marco de consenso muy amplio en materia de transformación de algunas normativas» laborales con el objetivo de «mejorar la capacidad de creación de empleo, y de disminución de la informalidad y de la litigiosidad judicial».
