Un Fiscal pidió embargar a Calcaterra, primo de Macri, por más de $ 54 millones
El fiscal federal Franco Picardi pidió ayer que se embargue por más de 54 millones de pesos al extitular de IECSA, Angelo Calcaterra, primo del Presidente de la Nación, Maurico Macri, en el marco de la investigación por el presunto pago de sobornos y sobreprecios en las obras del soterramiento del tren Sarmiento por parte del consorcio de empresas lideradas por Odebrecht.
La Fiscalía pidió además ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi embargar por 4.350.000 millones de pesos al exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, al exsecretario de Obras Públicas José López, al empresario Jorge «Corcho» Rodríguez y a los directivos de Odebrecht.
Asimismo, el fiscal pidió designar a un veedor para controlar las obras en torno al soterramiento del tren Sarmiento, aún en marcha.
El pedido hecho por el fiscal se produjo luego de que la Cámara Federal, en un fallo reciente, dispusiera que se evaluaran medidas cautelares en la causa: el escrito es un anticipo de lo que en breve solicitará la Fiscalía, con pedidos de indagatorias en una de las investigaciones por el escándalo Odebrecht en la Argentina.
La investigación apunta a determinar si existió el pago de sobornos por parte del consorcio que encabezó Odebrecht y que también integró IECSA, Ghella y Comsa S.A para acceder a las obras del soterramiento del tren Sarmiento, cuya licitación se inició en 2006.
Para la Fiscalía existió un «direccionamiento» para la adjudicación de las obras a esas empresas y también «modificaciones» en el contrato original a favor del consorcio, detrás de lo que se esconden los supuestos sobreprecios.
Los sobornos se pagaron –según la Fiscalía- a través de la empresa CAESA de Manuel Váquez, exasesor de Jaime en la Secretaría de Transporte, además de desembolsos provenientes de empresas offshore radicadas en el exterior.
En ese sentido, COMSA como IECSA SA pagaron unos 600 mil pesos a la empresa CAESA entre 2005 y 2009 por trabajos de consultoría que se acreditó fueron inexistentes: «Nunca ha habido prestación alguna y la registración ha sido un mero montaje utilizado por los intermediarios y testaferros del exfuncionario Ricardo Jaime para recibir el pago de coimas», señaló.
