Submarino, mapuches y leyes a la carrera: el Gobierno pone a prueba su capacidad para sostener la iniciativa

Los diputados elegidos en octubre todavía no juraron – lo harán el miércoles-, pero unos cuantos oficialistas no esperan el 10 de diciembre para desembarcar formalmente en el Congreso y funcionan en despachos de los que se están yendo. Se preparan para el vértigo que viene, es decir, el tratamiento de las reformas que Mauricio Macri espera tener aprobadas en menos de un mes. Con mayor precisión, a más tardar el último viernes de diciembre. No es sólo una cuestión de almanaque.
Ocurre que la velocidad prevista originalmente para sancionar las leyes sumó de hecho el objetivo de sostener la iniciativa política frente a un cuadro difícil que expone con trazos diferentes el dramático caso del submarino ARA San Juan y la tensión en el Sur con grupos mapuches.

Transcurrió poco más de un mes desde las elecciones y después del compromiso sellado con los gobernadores, parecía allanado el camino sin mayores sobresaltos para coronar los acuerdos en formato de ley. Existen problemas propios o relacionados directamente con los proyectos –la reforma laboral, algunas cuestiones sobre la nueva fórmula para ajustar las jubilaciones-, pero eso remite a negociaciones en continuado. En cambio, los hechos inesperados, por error de cálculo o fatalidad, requieren de sensibilidad y rápidas respuestas, reflejos que por ahora desnudan carencias.

En ningún rubro se trata de cuestiones cerradas. El Gobierno ha mostrado bastante y creciente desenvoltura para las tratativas con la oposición, a través del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y varios ministros, en primera línea y en ese orden Rogelio Frigerio, Jorge Triaca y últimamente Nicolás Dujovne. Además, claro, de los negociadores en el Congreso, donde se anotan Emilio Monzó, Mario Negri, Federico Pinedo y Luis Naidenoff, entre otros, con distinto grado de participación y en algunos casos cruzando el límite formal que separa las dos Cámaras.

Pero el rodaje en el poder no ha generado efectos similares para responder frente a situaciones conmocionantes. No se trata de una simple cuestión de comunicación, sino de evaluación inicial sobre el impacto más amplio y a veces también más complejo de algunos hechos. La política puede expresarse pero no empieza ni se agota en la comunicación.
Algunos pasos parecen indicar esa percepción. El Gobierno comenzó a realizar una lectura más amplia del caso de los grupos mapuches violentos y la reacción empezó a superar la señal del tratamiento exclusivamente atado a la seguridad, para intentar una salida política que incluya el señalamiento sobre el lugar central que debería ocupar la Justicia y también el papel de los gobernadores, en el marco de una necesaria respuesta global a las demandas aborígenes. Así fue evaluado, al menos, en la última reunión de gabinete, después de la muerte por un disparo de Rafael Nahuel, en Villa Mascardi.

En estas horas, de todos modos, el drama del submarino constituye el punto central para Macri. El mensaje del Presidente, que podría volver a hablar en las próximas horas, revelaría una reacción más amplia, fuera ya de lo estrictamente informativo, del día a día de los comunicados. La relación y contención de los familiares de los tripulantes –y las reuniones con ellos, naturalmente duras, difíciles- , la investigación del estado de la nave y el alcance real del mantenimiento reciente y previo, y las consecuencias de la inicial demora en elevar la información al Gobierno por parte de la Armada, todo es un desafío que no se agotará en los próximos días.

En ese contexto, el Congreso inicia un diciembre intenso. Por razones políticas y de escaso margen en el calendario, senadores y diputados del oficialismo deben maniobrar para avanzar con las leyes antes de fin de año sin posibilidades de perder una sola votación. Las negociaciones, al mismo tiempo, tienen escasa flexibilidad frente a otra necesidad: evitar mayores costos fiscales.

El paquete a tratar es amplio y exhiben algunas complicaciones a pesar de los acuerdos previos. El Senado ya aprobó el pacto fiscal, la modificación de jubilaciones y la ley de responsabilidad fiscal. Y Diputados tiene que coronar esos proyectos y tratar como primera cámara otras iniciativas de peso, entre ellas modificaciones a impuestos y el Presupuesto. Desde el lunes 11, avanzaría en comisiones y la semana siguiente, será el debut en el recinto.

¿El temas más espinoso? Seguramente, será jubilaciones. El proyecto, ya corregido en el Senado, llega a Diputados con el aval de los gobernadores, pero ocurre que en esta cámara la correspondencia entre legisladores y jefes provinciales no es muy efectiva. Al oficialismo, fortalecido sin dudas, no le alcanza para dar la batalla en soledad y todavía no está claro como se armará el interbloque peronista, lejos ya del kirchnerismo. Si se consideran además el massismo, disminuido, y otras fuerzas menores, el horizonte es de una nada sencilla negociación.

El punto débil del proyecto es la ventana abierta entre el fin del actual sistema de ajuste de jubilaciones y la aplicación de la nueva fórmula. Un salto que podría hacer perder a los haberes 5 o 6 puntos porcentuales. ¿Es negociable este punto? Fuentes del oficialismo dicen que no está en agenda. De todos modos, es difícil dar por clausurada esa puerta ante la necesidad de acuerdos y peor aún si se llega al borde del precipicio que significaría perder una votación.

En el Senado, hubo señales de que al menos un tema quedaría para el año que viene: la versión de reforma laboral que salió de las largas tratativas entre la CGT y Triaca. En rigor, allí asoma el disgusto del grueso del bloque peronista -encabezado por Miguel Angel Pichetto y camino a una posible fractura con Cristina Fernández de Kirchner- hacia la central sindical.

La interna cegetista tiene actores permanentes y otros a tiempo parcial. El triunvirato de conducción –Héctor Daer, Juan Carlos Schmid y Carlos Acuña- tiene que buscar algunos equilibrios: el punto de mayor inquietud no lo representan algunos dirigentes alineados con el kirchnerismo, como el bancario Sergio Palazzo, sino los viejos jefes sindicales, que en algunos casos dejaron de ser referencia automática de ellos mismos. Hugo Moyano, y su expresión dura –es decir, su hijo Pablo- aparecen en esa línea, cambiante según el cálculo más amplio de intereses y la relación con el Gobierno.

Los secretarios de la CGT ratificaron su respaldo al acuerdo cerrado con el ministro de Trabajo. Las alusiones de Pablo Moyano a la «Banelco» hicieron ruido, pero no son el punto central del malestar de Pichetto, según circula en medios legislativos. El jefe del bloque peronista espera nuevos contactos con Daer- Schmid-Acuña, tal vez algún gesto público. En las próximas dos semanas se verá si la ley duerme o no hasta el fin del verano.

Funcionarios del Gobierno, naturalmente, operan en estas horas para tratar de reanimar el proyecto laboral. Y mantienen contactos fluidos con los gobernadores para evitar riesgos con el resto de las reformas, especialmente en Diputados. Diciembre recién empieza.