La Justicia confirmó el procesamiento con prisión preventiva de Cristina Kirchner

La Cámara Federal porteña confirmó ayer el procesamiento de la expresidenta y actual senadora de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y de los otros diez acusados de encubrir el atentado a la AMIA con la firma del Memorándum de Entendimiento entre la Argentina e Irán. Los integrantes de la Sala II del Tribunal de Apelaciones, Eduardo Farah y Martín Irurzun, también convalidaron las detenciones preventivas dispuestas por el juez de la causa, Claudio Bonadio.

Los camaristas confirmaron los procesamientos dispuestos por la supuesta comisión de los delitos de “estorbo de un acto funcional, abuso de autoridad y encubrimiento agravado”, pero rechazaron la acusación de “traición a la Patria” que había esgrimido Bonadio, porque entendieron que solo se puede aplicar a un país en guerra.

En la causa, que se originó a partir de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, se investiga “un plan criminal con entidad suficiente para que los ciudadanos iraníes identificados como responsables de la voladura de la AMIA pudieran sustraerse de la acción de la Justicia, mediante el otorgamiento a Interpol de herramientas suficientes para que las notificaciones de índice rojo que pesaban respecto de los ciudadanos iraníes perdieran virtualidad”. El expediente también señala que el pacto intentaría “liberarlos de toda responsabilidad mediante la creación de una Comisión de la Verdad y, a través de esta, introducir una hipótesis alternativa”.

“Cuestión judiciable”

Los camaristas rechazaron, en el apartado del fallo titulado “cuestión judiciable”, que el caso solo verse sobre una cuestión política y no pueda ser juzgado, señalando que les corresponde “exclusivamente a los magistrados del Poder Judicial de la Nación, en todas sus instancias, el conocimiento y decisión de las causas que, como la que refiere al atentado de la AMIA-DAIA, tienen por objeto la averiguación de la verdad, de las responsabilidades penales y la aplicación de la ley en relación con un crimen federal cometido en su territorio”.

“Si en verdad lo que se procuraba era obtener –por una vía alternativa– la comparecencia de los prófugos, entonces es inexplicable que los interrogatorios allí contemplados comprendieran nada más a aquellas personas respecto de las cuales se había emitido una notificación roja, cuando los que habían sido tenidos por rebeldes por la Justicia argentina eran más”, sostuvieron los camaristas.

Para justificar la decisión de confirmar las medidas de Bonadio, Farah e Irurzun destacaron que “se estableció que había una relación concreta entre la posibilidad de entorpecimiento de la instrucción que revelan todos esos datos”.