Los veintidós empresarios involucrados

No fueron incluidos ni Mauricio ni Franco Macri, tampoco Paolo Rocca. De los hombres de negocios acusados de realizar pagos ilegales por 55 millones de dólares entre 2003 y 2015 siguen detenidos los seis que no declararon como arrepentidos

En el capítulo de empresarios involucrados en la causa de las fotocopias de los cuadernos, veintidós de ellos fueron procesados como miembros de una asociación ilícita y por pagos de coimas y/o dádivas. Según la resolución del juez Claudio Bonadio, hubo pagos ilegales por 55.460.000 de dólares entre 2003 y 2015, aunque el flujo que sostiene que “circuló” dentro de la organización fue de 100 millones de dólares. De los hombres de negocios procesados, seis siguen presos: son los que no cedieron a declarar bajo la figura del arrepentido o que no ofrecían la información que el juzgado esperaba. En el sector de imputados colaboradores hubo procesamientos con prisión preventiva que el juez admitió aliviar por ahora con exenciones de prisión. Hubo seis procesados sin preventiva y seis con falta de mérito. El fallo describe a los empresarios como quienes “por avaricia y codicia” “también se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones sosteniendo a posteriori un discurso acomodaticio y cobarde, pretendiendo haber cedido a las presiones oficiales, en bien de cuidar sus empresas y los puestos de trabajo de sus empleados”. En la lista de implicados siguen sin aparecer Franco Macri y el presidente Mauricio Macri, cuyo grupo empresario manejó Iecsa en el período investigado, ni figura Paolo Rocca, CEO de Techint, pese a que la resolución habla específicamente de órdenes de pago “del Grupo Techint”, hoy un aliado del Gobierno, en cuyos actos se muestran los ejecutivos.

Los procesados con prisión preventiva son Carlos Mundin (de BTU), Gerardo Ferreyra (Electroingeniería), Juan Carlos Lascurain (ex titular de la Unión Industrial Argentina), Néstor Otero (dueño de la terminal de Retiro), Sergio Taselli (Grupo Taselli) y Raúl Vertúa (Servicios Vertúa SA). Son los que no hicieron acuerdos de arrepentimiento con la fiscalía de Carlos Stornelli y el juzgado. Luego están los empresarios que sí colaboraron con la investigación, algunos cuyos relatos incluso son citados en la resolución como aportes medulares para describir lo que el juez considera un sistema de pagos ilegales sostenido en el tiempo, tanto en el rubro de la construcción, el energético como el de las concesiones viales. Para diez de ellos el magistrado decidió también aplicar las mismas figuras (asociación ilícita, dádivas y cohecho), dictarles la prisión preventiva, pero concederles la exención de prisión, un beneficio que les podría revocar ante cualquier anomalía. Se trata de Carlos Wagner, de la empresa Esuco y ex titular de la Cámara de la Construcción, quien resultó el primero en describir el sistema de cartelización; su sucesor en esa Cámara, Juan Chediack; Angelo Calcaterra, que es eslabón de la familia de Mauricio Macri que aparece en la causa; Luis Betnaza, quien fue director institucional de Techint; el histórico contratista del transporte Aldo Roggio; el empresario metalúrgico Enrique Pescarmona; Armando Loson, de Albanesi; Claudio Galzman, de la Sociedad Latinoamericana de inversiones; y Alberto Taselli, del Grupo Taselli y Juan Carlos De Goycochea, de Isolux Corsán. Otros cinco tiene procesamientos sin preventiva: Gabriel Romero, Hugo Dragonetti, Manuel Santos Uribelarrea, Alejandro Ivanisevich, Jorge Balán y Hugo Eurnekian.

Un caso notable es el del financista Ernesto Clarens: luego de haber sido mostrado a través de los medios como una especie de cerebro de buena parte de las operaciones, y de que declarara más de una vez en la que la fiscalía buscaba que hablara directamente de Cristina Fernández de Kirchner y supuestas cuentas o envíos de dinero al exterior (lo que tampoco ocurrió, sino que dio otro tipo de aportes sobre la trama de coimas donde se ubicó como intermediario), fue procesado pero sin prisión preventiva. En el caso de Jorge “Corcho” Rodríguez, el juez concluyó que las maniobras en las que es mencionado en los cuadernos de Oscar Centeno no encuentra la misma “matriz” que en el resto de las situaciones descriptas. Concluye que por las fechas, hay referencias a pagos que podrían corresponderse con el expediente donde se investigan coimas de la constructora Odebrecht y sus socias argentinas en el soterramiento del tren Sarmiento en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, a quien le envía ese tramo. Eduardo Peduto fue sobreseido por falta de pruebas.

Por último, un grupo de empresarios cuyos nombres tuvieron alta resonancia recibieron falta de mérito, en la mayoría de los casos porque sus superiores admitieron haberles dado órdenes para pagar o quedaron comprometidos de algún modo. Uno es Jorge Neira, que dijo que pagó por orden de Ferreyra, y, también de Electroingeniería, Osvaldo Acosta, sobre quien no está comprobado que haya hecho desembolsos ilegales; Javier Sánchez Caballero, de Iecsa, que pagó por indicación de Calcaterra; lo mismo en el caso de Zabaleta, de Techint, que aparece cumpliendo indicaciones de Betnaza; Franciso Valenti, de Pescarmona; y Rodolfo Poblete, de Emepa, de donde dependía de Romero. Sigue habiendo un prófugo: Oscar Thomas, ex director del Ente de Yaciretá.

El fallo habla de más de 55 millones de dólares pagados por los empresarios, pero es una cifra que podría variar. En algunos casos se ve claramente que lo que los empresarios admiten está lejos de lo que aparece en los cuadernos y otras estimaciones. Por ejemplo, Calcaterra dijo que pagó 300 mil dólares y dijo que era para campañas, pero la suma de lo que se sospecha a partir de los cuadernos es de por lo menos 13 millones. El juez dedica algunos párrafos a aclarar que no considera válidas las explicaciones que atribuyen los pagos a presiones, porque las empresas eran claramente beneficiadas con contratos, “realimentando este circuito macabro” por el “el lucro de participar de un sistema que expoliaba los bienes del Estado amañando licitaciones con fuertes sobreprecios”. También apunta que uno de los arrepentidos, De Goycochea, dijo que las referencias a dinero para la política o campañas eran solo “un eufemismo”.

En el área de transporte, concluye, que las empresas concesionarias abonaban a los funcionarios el 5 por ciento del total de los subsidios que cobraban. En el sistema de licitaciones públicas, en especial en obras viales, hubo un mecanismo –dice– por el cual entre un grupo de empresas preestablecido elegía a cuál le tocaría cada obra. El porcentaje de anticipo era de 10 a 20 por ciento del total de la obra. Según el juez, por las declaraciones de los mismos empresarios y los cuadernos, se puede concluir que no eran hechos aislados sino que conformaban un modus operandi que atravesó los gobiernos de Néstor Kirchner y de CFK. Entre otros hechos por fuera de esa lógica, señala pedidos de dinero de funcionarios a Techint, cuando esta empresa les requería que intercedieran ante el gobierno venezolano para evitar la nacionalización de su empresa Sidor. En este caso, por la empresa actuaba Betnaza, uno de los industriales que apareció en la reciente foto con el ministro Dante Sica en la UIA.