Dos funcionarios municipales en la mira de la justicia por no controlar las fumigaciones en Pergamino

Están imputados por considerarlos parte de un control deficiente de las pulverizaciones que terminaron contaminando el agua y enfermando a la población. Acorralado, Martínez pidió retrotraer los límites para fumigar, pero el pedido fue rechazado

El gobierno de Javier Martínez quiere morigerar el fallo de la justicia federal que le puso límites a las fumigaciones en Pergamino. Sucede luego de que se ordenara la detención de tres productores rurales que violaron una ordenanza y fueron detenidos junto al ingeniero agrónomo días atrás y ahora dos funcionarios locales quedarán en la mira de la justicia.

El municipio de Pergamino, a cargo del intendente Javier Martínez (Juntos por el Cambio), le pidió a la justicia que retrotraiga los límites ya expuestos para las fumigaciones, asegurando que el fallo del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás fue “irreflexivo” y “no tuvo en cuenta los informes técnicos referidos”.

El histórico fallo efectuado por el juzgado a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo se dio el pasado 3 de septiembre, luego de una extensa investigación a manos de diferentes organismos públicos y privados que determinó que el agua de tres barrios de Pergamino poseía 18 tipos de agroquímicos distintos.

Allí, la población venía denunciando desesperadamente por una seguidilla de casos de cáncer y otras enfermedades graves que afectaron la salud tanto de adultos como de chicos.

En efecto, el fallo prohibió las fumigaciones de los campos linderos a la zona semi urbana y urbana de la localidad del norte bonaerense, a mil metros de forma terrestre y a menos de tres mil de forma aérea.

Ahora, pese a las pruebas materiales que determinaron los límites para la aplicación de las pulverizaciones para las cosechas de soja transgénica y otros productos de la zona, los abogados del municipio protestaron contra la cautelar que dispuso el Juzgado Federal.

Sin embargo, el planteo fue rechazado por el magistrado. De esta forma, al gobierno de Martínez solo le queda una carta: llevar a cabo un recurso de apelación ante la Cámara Federal de Rosario, que en caso de dar lugar, la medida podría retrotraerse y las fumigaciones se podrían volver a aplicar a tan solo 600 metros de distancia de los barrios afectados: Luar Kayad, La Guarida y Villa Alicia.

Los argumentos que se valen los letrados del municipio es que la medida que impuso el juez Villafuerte Ruzo es “irreflexiva” porque “no tuvo en cuenta los informes técnicos” y “no se escuchó previamente a los productores y vecinos como destinarios de la decisión”.

La presión que ahora quiere ejercer el Ejecutivo municipal responde a que en las últimas semanas, el mismo juzgado interviniente en la causa ordenó la detención de tres productores rurales que habrían violado una vieja ordenanza sancionada para controlar las fumigaciones. El hecho representó un cimbronazo para el sector, que hasta ahora nunca había sido tocado por la justicia.

Al mismo tiempo, ahora otros dos funcionarios locales están imputados por considerarlos parte de un control deficiente de las pulverizaciones que terminaron contaminando el agua y enfermando a la población.

Se tratan de Mario Tocalini y Guillermo Naranjo, jefe y subjefe de la Dirección que se encuentran en la mira de la Justicia, luego de que en abril de este año, una primera resolución le ordenara al gobierno local que suspenda provisoriamente las fumigaciones para determinar el grado de contaminación del agua.

El tema, de todas formas, no afectó a la imagen de Martínez, que en las pasadas elecciones retuvo la intendencia con más del 60% de los votos. “Somos conscientes que el mundo necesita alimentarse, pero por otro lado tenemos que proteger mucho al medio ambiente, pero sobre todas las cosas la prioridad es la salud de nuestros vecinos”, dijo hace poco en una entrevista para Zona Norte Hoy.