Vuelve a encenderse la polémica por la designación de jueces vidalistas

La oposición lanzó una jugada para tratar los 42 pliegos de jueces y funcionarios judiciales que impulsó María Eugenia Vidal antes de dejar el poder. Algunos son muy polémicos.

La polémica en torno a la designación de jueces que impulsó María Eugenia Vidal en el ocaso de su gestión volvió a encenderse en la Provincia. En la penumbra de un día agitado en el que el gobernador Axel Kicillof logró el financiamiento que requería, Cambiemos reflotó su embestida para cubrir vacantes en el Poder Judicial.

La necesidad de uno y la sorpresiva decisión de otros de desempolvar los polémicos nombramientos, alumbraron sospechas de algún intercambio. Conjeturas palaciegas del habitual toma y daca con el que suelen resolverse las discusiones que se traban en el ámbito legislativo. ¿Devolución de favores?

Se trata de 42 pliegos que la oposición presentó en el Senado cuando aún era oficialismo, en un trámite que no estuvo exento de críticas por lo inoportuno del momento en que apresuró los nombramientos, cuando el actual Gobernador ya había conseguido un triunfo que asomaba irreversible en las PASO del año pasado. Hay reproches de forma, pero también de fondo. La discusión gira en torno de alguno los que promocionó Vidal para ocupar cargos claves.

La nómina incluye a 2 postulantes para el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, 16 jueces de distintos fueros, 7 defensores oficiales y 17 integrantes del Ministerio Público fiscal.

Son pliegos que Juntos por el Cambios impulsó en soledad el año pasado, y que el ahora oficialismo –entonces Unidad Ciudadana- objetó con énfasis porque entendió que la avanzada no contemplaba el inminente cambio de Gestión que se anticipaba en función del resultado aplastante de las primarias.

En el cierre de la gestión de Scioli había ocurrido una polémica similar. Aquella vez, el vidalismo triunfante tacleó la iniciativa del ex gobernador para designar cargos en el Poder Judicial, denunciando su impulso inoportuno a menos de dos meses del recambio institucional.

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El atropello que vociferó entonces Cambiemos encontró una justificación el año pasado en una formalidad del proceso electoral: ‘esta vez –se justificaron- el impulso se concretó tras la elección para “habilitar candidatos”. Un tecnicismo que no evitó, sin embargo, que el actual oficialismo les enrostrara una evidente contradicción. Es que el resultado de las Primarias, donde Kicillof había logrado un triunfo holgado, lo había dejado en las puertas de la gobernación y transformó a las generales casi en un proceso protocolar de confirmación en las urnas.

En la salida de su gestión María Eugenia Vidal buscó designar nombres propios en lugares claves del andamiaje judicial de la Provincia.

Entre los promocionados para ocupar uno de esos lugares vacantes en el Tribunal de Casación Penal de la Provincia aparece la figura de Francisco Pont Verges. No es cualquier tribunal. Se trata del máximo órgano en materia penal, último escalón antes de llegar a la Suprema Corte. Durante la gestión de Vidal fue mano derecha del actual Procurador General de la Corte, Julio Conte Grand.

Vidal impulsó su designación con el respaldo de dos referentes judiciales del macrismo, los ex ministros de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y de la Provincia de Buenos Aires, Gustavo Ferrari y como pago al propio Julio Conte Grand, a quien secundó al frente de la estratégica Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal del Ministerio Público

Desde el Ministerio público fiscal Pont Verges encaró una feroz embestida contra el Defensor General de Casación Penal de la Provincia, Mario Coriolano, con una denuncia que fue desestimada con confirmación de Cámara. El hecho valió un llamado de atención de la propia Suprema Corte. Uno más de los embates que pergeñó la Procuración contra funcionarios críticos del macrismo.

La actual ministra de Gobierno, Teresa García, fue una de las más fervientes opositoras a la avanzada vidalista sobre la Justicia, desde el lugar clave que ocupó al frente del bloque de Unidad Ciudadana.

En las últimas horas, Cambiemos reflotó la discusión de los pliegos y en el Senado se encendieron luces de alerta. Entre quienes especulan algunos incluso dudaron de un ‘cambio de favores’ por parte del Ejecutivo para conseguir la aprobación del financiamiento que requiere la Provincia.

Cambiemos tiene mayoría en la Cámara Alta. La sospecha es que, con el número a su favor, la oposición convoque a una sesión especial y lleve al recinto la aprobación de los pliegos que ya tienen acuerdo.

El debate gira en torno a lo que pasaría después. Algunos interpretan que como ya fueron impulsados por el Ejecutivo, aunque durante la gestión anterior, Kicillof no tendría margen para vetar los nombramientos. O quizá encuentre una salida previa el Gobernador: elevar una nota al Senado para que le devuelvan los nombramientos para revisarlos.

Sería razonable que el Ejecutivo actual estudie los antecedentes de los funcionarios que integrarán el Poder Judicial durante la actual gestión. Esa nota todavía no se remitió. El envío de la misiva, o la ausencia de ella, puede enterrar las dudas de un acuerdo de partes, o coronar la sospecha que se riega, todavía en voz baja, en un sector del propio oficialismo.