Larreta endurece su postura a la espera de la resolución de la Corte Suprema por los fondos
El vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, salió al cruce de las críticas realizadas por el presidente Alberto Fernández contra Horacio Rodríguez Larreta, quien confirmó que no asistirá a la reunión convocada por el Gobierno para negociar sobre el financiamiento de la Policía de la Ciudad.
«Vamos a sostener el planteo que hemos hecho ante la Corte Suprema, que es la inconstitucionalidad de la ley (27.606) sancionada por el Congreso. Es arbitraria, inconstitucional y atenta gravemente contra la autonomía de la Ciudad», sostuvo Santilli en conversación con TN.
El funcionario porteño remarcó que la Casa Rosada tendría que haber invitado «antes» a la Ciudad para consensuar el recorte de fondos. «No podemos presentarnos a esta reunión porque nos hemos presentado en la Corte y esperaremos esa resolución. Mal podríamos podemos ir a una reunión cuando esto debería haberse hecho previamente», dijo.
Santilli insistió en que la ley que regula el convenio de transferencia de recursos para financiar la Policía de la Ciudad es «inconstitucional». «Como hemos sostenido la inconstitucionalidad, no podemos asistir a una reunión que está pactada en el artículo 2 de esa ley», explicó.
A su vez, consideró que Mauricio Macri no transfirió un excedente de recursos a la Ciudad cuando traspasó la Policía a Rodríguez Larreta, en 2016. «Las cosas fueron bien hechas porque la Constitución es clara: dice que tiene que haber un acuerdo entre las partes», señaló.
El vicejefe de Gobierno reiteró que la Ciudad espera que la Corte Suprema resuelva el conflicto con la Casa Rosada por los recursos. «No podemos ir a esta reunión porque nos hemos presentado en la Corte y es la Corte la que debe saldar esta situación, en los tiempos que el máximo tribunal establezca», remarcó.
Cabe señalar que el lunes pasado, la Ciudad presentó una nueva demanda ante el máximo tribunal para que declare inconstitucional el recorte de fondos a la Ciudad. Esa presentación se sumó al amparo que radicó el 18 de septiembre contra el decreto presidencial que inició el recorte.
