En detalle: qué dice la presentación judicial que hizo la Ciudad de Buenos Aires ante la Corte Suprema
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de amparo en el que advirtió que las restricciones impuestas por el presidente Alberto Fernández implican «una virtual intervención federal» sobre la Ciudad de Buenos Aires. Además, el documento hace especial hincapié a la suspensión de las clases presenciales, medida que consideran no está «justificada en datos empíricos».
El recurso fue presentado ante el Tribunal Supremo a las 9:50, es decir diez minutos antes de que alcalde capitalino arribe a la Quinta de Olivos para dialogar con el Jefe de Estado. De acuerdo a la agencia NA, en el cónclave Larreta le planteó, en primera persona, diferencias de criterios ante el aumento de casos de coronavirus y alternativas respecto a la actividad escolar.
A modo general, la acción judicial busca que se declare la inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/21 del Poder Ejecutivo Nacional publicado este viernes en el Boletín Oficial. A través de este documento el Gobierno dispuso la suspensión de las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales en todos los niveles y en todas sus modalidades desde el 19 de abril hasta el 30 de abril inclusive, prohibió la circulación entre las 20:00 y la 06:00, como así también disminuyó el horario de atención comercial, entre otras medidas.
«No es razonable»
No obstante, se destacan algunos puntos en particular. La medida cautelar es contra el artículo 2 del DNU e incluye a toda otra disposición o reglamentación dictada en su consecuencia: la Ciudad pide que se le ordene al Estado Nacional que «se abstenga, hasta el dictado de la sentencia definitiva y firme, de llevar a cabo cualquier acto que implique poner en ejecución el Decreto cuestionado».
Según el entender del Gabinete de Rodríguez Larreta, la suspensión de las clases presenciales violan la autonomía de la Ciudad e implica «una virtual intervención federal», ya que afirma que la Nación «se arroga potestades sobre competencias eminentemente locales, en salud y educación».
Además, advirtió que «no es razonable, ya que la suspensión de las clases presenciales dispuesta no se encuentra justificada en datos empíricos, y resulta arbitraria porque obedece exclusivamente a la voluntad de quien detenta el Poder Ejecutivo Nacional». Del mismo modo, la Ciudad aseguró que «por el contrario está científicamente demostrado, en el ámbito internacional y local, que el grado de contagio en establecimientos escolares es mínimo».
«Discriminación arbitraria»
El Ejecutivo porteño también denunció que el DNU «constituye una clara violación al principio de igualdad porque se evidencia una discriminación arbitraria con relación a las restantes provincias, que pueden decidir respecto de la continuidad o suspensión del ciclo lectivo 2021».
La presentación de la Ciudad afirma que las restricciones vulneran tratados internacionales de jerarquía constitucional, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que consagra el derecho del niño a la educación, como un derecho progresivo que debe ejercerse en condiciones de igualdad. «Debe garantizarse la efectividad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes que concurren a las escuelas públicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la educación y a la salud, amparados por las normas constitucionales y convencionales», concluye
