Denuncian por persecución a tres fiscales y apuntan a la connivencia de Conte Grand
La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) inició un pedido de jury ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios el pedido de jury contra el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, Sebastián Scalera; el titular de la UFIJ N° 8 de Delitos Económicos y Violencia Institucional; Pablo Rossi, y el titular de la UFIJ N° 1; Sebastián Bisquert, por mal desempeño de sus funciones en el marco de la “persecución a funcionarios judiciales” de Lomas de Zamora, en especial contra el juez de Garantías, Gabriel Vitale.
La denuncia presentada el último lunes pone de manifiesto que los fiscales Scalera, Rossi y Bisquert “realizaron investigaciones arbitrarias sin control judicial y operaciones de inteligencia ilegal” al interior del departamento judicial de Lomas de Zamora para “presionar a magistrados y lograr resultados en causas de interés político y mediático” durante la gestión de María Eugenia Vidal y Mauricio Macri.
Para graficar estas anomalías, la AJB recordó la “actuación simultánea” de Scalera como Fiscal General Adjunto y titular de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado, “esquema del que se habría valido para direccionar ciertas causas de relevancia política para sí o hacia las unidades de Rossi y Bisquert”.
Desde la entidad argumentaron que Scalera se excedió en sus funciones e instruyó, sin la existencia previa de una investigación penal en trámite, una auditoría “ilegal” en el Juzgado de Garantías de Vitale –magistrado afiliado al gremio-, quien había intervenido en una causa tras una denuncia contra el líder camionero Hugo Moyano por asociación ilícita en la barra brava en el Club Atlético Independiente, con el fin de “detectar una supuesta irregularidad administrativa acusándolo de firmar una resolución de competencia sin estar presente en su despacho”.
“Esa prueba obtenida de forma ilegal dio lugar a la denuncia por falsedad ideológica contra Vitale, que fue asignada por Scalera de forma arbitraria a la Unidad de Delitos Económicos y Violencia Institucional, encabezada en aquel entonces por Pablo Rossi y actualmente a cargo de Sebastián Bisquert”, recordaron desde la asociación judicial, y señalaron a este último como el promotor de un operativo de “investigación ilegal” sobre Vitale y su familia. “La misma persecución ilegal padecieron otros integrantes del juzgado”, precisó la AJB, luego de formalizar la denuncia.
Al respecto, la entidad denunciante recordó que en diciembre de 2020, el juez de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, Eduardo De Lazzari, denunció la persecución contra Vitale.
El papel del procurador
A partir de los hechos narrados anteriormente, la AJB objetó el rol del procurador general Julio Conte Grand: “Avalando la conducta persecutoria e ilegal de los fiscales de Lomas de Zamora, promovió juicio político contra Vitale, trámite que se encuentra en su etapa inicial”
Para la asociación judicial, “la causa armada” para presionar al juez Vitale tuvo como trasfondo una clara “intención política”. A través de un comunicado, trajeron a colación que “el entonces gobierno de Mauricio Macri quería arremeter contra Hugo Moyano por su rechazo a las reformas laborales y previsionales y para eso necesitaba ‘controlar’ la causa por asociación ilícita que implicaba al dirigente de camioneros. Vitale, en salvaguarda de las garantías procesales no cedió a las presiones políticas, y eso desató una feroz persecución ilegal en su contra, como ocurrió con el juez Luis Carzoglio”.
La connivencia de Conte Grand estaría demostrada para los denunciantes porque “en los hechos señalados, fue la propia Procuración quien habilitó los registros informáticos para realizar las actividades de espionaje contra Vitale”.
“Para consolidar el respeto de la independencia de las y los magistrados y su efectiva protección para intervenir en los procesos judiciales sin presiones del poder político, resulta necesario exponer estos hechos gravísimos al conocimiento del conjunto de la sociedad”, afirmó el secretario general de la AJB, Pablo Abramovich.
Y completó: “En el mismo sentido, el Jurado de Enjuiciamiento tendrá en sus manos la oportunidad inigualable de brindar una señal clara de que la persecución y el espionaje ilegal con fines políticos resultan inaceptables en la justicia bonaerense”. (ANDigital)
