Denuncian a Massa por aprobar el balance de Aysa presentado por Malena Galmarini

CONFLICTO DE INTERESES

Legisladores de la Coalición Cívica piden corroborar si el ministro de Economía violó la ley de Ética Pública al avalar el balance de gestión de su propia pareja

Una nueva complicación se suma para el ministro de Economía, Sergio Massa, ante la denuncia presentada por un grupo de legisladores que señalan la presunta violación a la Ley de Ética por la aprobación de un balance de Aysa a cargo de malena Galmarini. La presentación judicial fue realizada por los diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López y Mariana Stilman, quienes sugieren que hay “conflicto de intereses” por la aprobación de Massa hacia la gestión de su propia pareja, en un balance que manifiesta un déficit de casi 80 millones de pesos. 

“La conducta del Sr. Massa colisiona con la ley de Ética en el Ejercicio de la función pública. Es por ello necesario, y parte de su función, que la Oficina Anticorrupción a su cargo se expida sobre el particular, por lo que solicitamos que se aboque al estudio de la presente y resuelve lo que estime corresponda”, explicaron los legisladores a través de su presentación legal.

La acción de Stilman y López fue llevada ante la Oficina Anticorrupción, hoy conducida por Félix Crous, y allí sostienen que “parecería evidente que el Sr. Sergio Massa en su carácter de cónyuge de la Sra. Malena Galmarini debería excusarse de intervenir en la aprobación de un balance de la empresa AYSA que es nada más ni nada menos que deficitario”.

De este modo, el actual titular de la cartera de Economía suma un nuevo dolor de cabeza a la ya complicada agenda de gestión ministerial, que enfrenta dilemas clave como la lucha contra la inflación, la pérdida de poder adquisitivo y el mentado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Cabe destacar que el planteo de los representantes de la Coalición Cívica se apoya, entre otros puntos, en el Artículo 41 del Código de Ética Pública, donde se establece: “El funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo”.

“Es necesario, y a parte de su función, que la Oficina Anticorrupción a su cargo se expida sobre el particular, por lo que solicitamos que se aboque al estudio de la presente y resuelve lo que estime corresponda”, sostienen López y Stilman en su denuncia.