A un año del intento de magnicidio contra CFK

A un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa, dirigentes peronistas pidieron justicia, insistieron con las vinculaciones políticas y criticaron la lentitud con la que avanza la investigación.

El presidente Alberto Fernández consideró que la causa judicial “avanzó con singular lentitud y dejando de lado pruebas determinantes para la investigación”, por lo que reclamó que “la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos”. Y exhortó que “cuando cumplimos 40 años de democracia, la Argentina debe preservar su institucionalidad”.

En la red social X (antes Twitter), el Presidente agregó: “Hace un año atrás atentaron contra la vida de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Fue un hecho de enorme trascendencia que generó una gran conmoción social y alteró la convivencia democrática”.

Al respecto, señaló que “la causa judicial avanzó con singular lentitud, dejando de lado pruebas determinantes para la investigación y dilatando toda indagación que permitiera conocer quiénes fueron los instigadores y autores intelectuales del hecho”.

“Parte de esa mejor institucionalidad exige que la Justicia deje de servir a ciertos poderes políticos y fácticos y se limite a hacer lo que debe hacer: impartir justicia”, cerró.

Por su parte, el gobernador Axel Kicillof dijo que “no sólo es un día de memoria y solidaridad” sino en el que “todas y todos debemos exigir justicia” por ese ataque.

“Se cumple un año de uno de los hechos de violencia política más graves desde el retorno a la democracia: el atentado a la Vicepresidenta y nuestra compañera Cristina”, posteó el mandatario en sus redes sociales.

Analizó que se trata de “un año de impunidad con un partido judicial que se ha dedicado a encubrir y no investigar este hecho, cuando sobran indicios y elementos para comprender cuál fue el mecanismo detrás de este acto”.

“Queremos una Argentina donde la justicia funcione para todos y todas y donde no se sigan promoviendo y fomentando los discursos de odio y de violencia”, remarcó el mandatario bonaerense, al tiempo que reafirmó que “no fue un atentado a una persona, fue un atentado contra toda la democracia”.

“No es solo un día de memoria y solidaridad con la compañera Cristina. Es un día donde todos y todas debemos exigir Justicia”, aseveró el mandatario provincial en su mensaje.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, también se pronunció respecto al aniversario del intento de magnicidio y pidió que “se haga justicia”.

En el acto por el día nacional de la industria que se realizó en la ciudad entrerriana de Paraná, Massa señaló que el año pasado “no hubo festejo porque hubo un intento de magnicidio en la Argentina”, que sucedió “en el marco de una crisis que tenía además una corrida financiera, una huida de un ministro y una crisis económica”.

En ese marco, Massa expresó: “Mi solidaridad y pedido de justicia de ese hecho para la Vicepresidenta”. Y agregó: “Ese hecho de alguna manera nos obligó a todos, desde nuestros roles, a navegar esa crisis en un marco de intento de magnicidio”.

Las conexiones políticas

Por su parte, el exprecandidato a presidente de Unión por la Patria, Juan Grabois, grabó un video con el fin de revelar los resultados de la investigación que llevó a cabo a raíz de su demanda en el caso del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner.

En el texto que acompaña al video, explicó que quería ofrecer “una contribución para comprender las causas, los responsables y las motivaciones del intento de magnicidio, que, junto con el atentado financiero del Fondo y el atentado jurídico de la mafia judicial, han moldeado la situación política actual”.

En el material audiovisual, el dirigente social acusó a jueces y fiscales de “negligencia y complicidad”, ya que no investigaron a fondo el atentado. “Los elementos relacionados con el incidente se entrelazan con los dos principales candidatos de la ultraderecha argentina, sus comandos de campaña y sus círculos de acción política, incluyendo a Javier Milei y Patricia Bullrich”, sentenció al principio del video, y luego respalda esta afirmación con pruebas a lo largo de la grabación.

“Somos parte querellante en el caso conocido como ‘Revolución Federal’, porque yo estaba en la lista negra de las personas que supuestamente iban a ser asesinadas. A partir de eso, formamos un equipo de investigación para entender lo que realmente estaba sucediendo en dos expedientes, el de Revolución Federal y el de los conocidos como ‘los copitos’. Dos expedientes que parecen no avanzar”, explicó el abogado al comienzo del video de 20 minutos, refiriéndose al caso a cargo de la jueza Capuchetti y el fiscal Rivolo, y al caso a cargo de Martinez de Georgi, y señalando que, a pesar de los vínculos probados entre ambos, nunca se logró unificar las causas.

Grabois mencionó las consecuencias políticas del atentado: “Es el clímax de un proceso con un objetivo muy claro: descabezar, desorientar y desmantelar al campo popular argentino, a la vez que generar un hecho heroico que ha desinhibido por completo a las fuerzas reaccionarias que, de manera explícita, desean destruir el Estado argentino como alternativa a la innegable crisis que estamos viviendo. El atentado cumplió su objetivo. Los eventos posteriores demuestran la magnitud política de lo que ocurrió. Cristina fue proscripta, el peronismo quedó en una situación de absoluta debilidad y las fuerzas de ultraderecha lograron avanzar hacia posiciones insospechadas”.

Además, se pronunciaron otros funcionarios e intendentes. El jefe comunal de Ensenada, Mario Secco, aseguró que en la causa existe “un encubrimiento que da asco”.

“Después de lo de Cristina queda un camino abierto para que se pueda repetir en la Argentina, es un encubrimiento que da asco, y todavía hay mucha gente que no tomó conciencia de la gravedad de lo que vivimos”, señaló Secco en declaraciones formuladas esta mañana a la radio AM 530.

Por su parte, la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, analizó que se trató del “acto de violencia política más grave desde la vuelta de la democracia, que todavía sigue impune”. (DIB)