Financiamiento universitario: la Justicia revisará el fallo que le aplica multas al gobierno de Milei
La Justicia aceptó dos apelaciones del Gobierno de Milei para revisar la cautelar que exige cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.
Categorías:Nación
20 octubre, 2026
La Cámara Contencioso Administrativo Federal aceptó este martes un planteo del gobierno de Javier Milei para revisar la vigencia de la cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario y habilitó una apelación contra la intimación judicial que exige actualizar los salarios de docentes y nodocentes universitarios bajo amenaza de multas diarias.
En concreto, la Sala III de la Cámara hizo lugar a dos recursos de queja del Ministerio de Capital Humano, que conduce Sandra Pettovello, luego de que el juez de primera instancia rechazara las apelaciones del Ejecutivo. Los magistrados Sergio Fernández, José Luis López Castiñeira y Jorge Eduardo Morán consideraron que impedir la revisión de las órdenes judiciales podía ocasionar un perjuicio irreparable al Estado, que advirtió sobre el impacto económico que tendría el cumplimiento de la medida en las arcas nacionales.
El conflicto judicial tiene su origen en un amparo que presentó el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) junto con otras instituciones contra el Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno modificó el esquema de financiamiento de las universidades nacionales. En ese expediente, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 dictó una cautelar para garantizar recursos destinados a la actualización salarial y al sostenimiento de las becas universitarias, mientras avanzaba la discusión de fondo.
A través de la Secretaría de Educación y con la asistencia de la Procuración del Tesoro, encabezada por Sebastián Amerio, la gestión libertaria sostuvo que la cautelar tenía un límite temporal que ya había vencido y cuestionó la continuidad de su ejecución. Además, desde Capital Humano aseguraron que el Gobierno cumplió con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, al considerar que los aumentos salariales acumulados entre diciembre de 2023 y agosto de 2025 superaron la inflación del período.
Por otra parte, la cartera nacional también objetó la intimación judicial que le otorgaba cinco días para cumplir con la medida bajo apercibimiento de sanciones económicas, al señalar que el juzgado no había precisado los montos pendientes de pago. “La limitación temporal no fue accesoria ni irrelevante, sino que integró expresamente los términos de la tutela concedida”, argumentaron las autoridades en su presentación, donde también cuestionaron la falta de una liquidación concreta de las sumas reclamadas.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defienden la postura del Gobierno sobre el Financiamiento Universitario.
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defienden la postura del Gobierno sobre el Financiamiento Universitario.
Cabe destacar que, la Cámara no resolvió aún si el Gobierno cumplió con la Ley de Financiamiento Universitario ni dejó sin efecto la cautelar, sino que sólo habilitó las apelaciones que el juez de primera instancia había rechazado. De esta manera, los recursos seguirán su curso judicial sin suspender automáticamente las órdenes cuestionadas, mientras permanece abierta la discusión sobre las obligaciones del Estado.
Diputados debate el Presupuesto 2027 con una fuerte disputa por el Financiamiento Universitario
En medio de la disputa judicial por el Financiamiento Universitario, el Gobierno nacional defenderá este martes su política educativa ante la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, expondrán sobre las partidas previstas para 2027, después de la masiva movilización universitaria de la semana pasada frente al Congreso.
Uno de los principales puntos de conflicto será la asignación de $7,3 billones para las universidades nacionales, frente a los $11 billones que reclaman las casas de altos estudios para garantizar su funcionamiento. En paralelo, el oficialismo también defenderá su interpretación de la normativa presupuestaria, según la cual las leyes que autorizan gastos sin financiamiento específico deben suspender su ejecución hasta que el Legislativo nacional incorpore las partidas correspondientes.
Además, el proyecto oficial establece que las universidades deberán presentar ante el Ministerio de Capital Humano la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los recursos transferidos, bajo la posibilidad de sufrir interrupciones en los desembolsos ante eventuales incumplimientos. La iniciativa determina que los aumentos salariales del próximo año tomarán como referencia las plantas de personal docente y nodocente vigentes en noviembre de 2026, salvo las incorporaciones que autorice la cartera a cargo de Pettovello.
