Alquileres: las inmobiliarias apuestan a una ley nacional

La Ley de Alquileres que rige desde esta semana en Buenos Aires comenzó a generar iniciativas que intentan imitarla en algunas provincias mientras el sector inmobiliario apuesta a una norma nacional que, por ahora, duerme en el Congreso.

La Asociación de Inquilinos Platense (API) presentó un proyecto de ley en la Legislatura bonaerense con el mismo objetivo: poner topes a las comisiones de las inmobiliarias y que los gastos los paguen los propietarios.
Esa iniciativa cuenta con el impulso del presidente del bloque FPV-PJ en la Cámara de Diputados, Walter Abarca, y el apoyo del Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, quien colabora con asesoramiento a la API.
El proyecto de API exige que el costo total de la gestión y el contrato estén explicitados y sean visibles en los locales y páginas webs de martilleros, para transparentar el proceso y garantizar a los inquilinos el Derecho a la Información.
El mismo camino sigue la Asociación Civil de Inquilinos de Corrientes (ACIC), que presentó un proyecto de ley similar al de la Capital Federal en la Legislatura provincial a través de la diputada peronista Alicia Locatelli.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), Alejandro Juan Bennazar, dijo a NA que el sector está apostando a una iniciativa superadora que consiste en una norma nacional a la que puedan adherir las distintas jurisdicciones.
Una iniciativa impulsada por la organización Inquilinos Agrupados y presentada por la senadora Silvina García Larraburu (PJ-FpV) obtuvo en noviembre de 2016 media sanción del Senado nacional y pasó a Diputados.
Esa iniciativa, que implica una modificación el Código Civil y Comercial de la Nación, propone una regulación de los contratos y precios de los alquileres, lo que generó ruido en la CIA y por lo que las inmobiliarias pretenden ahora profundas modificaciones en Diputados.
Los técnicos de la CIA se reunieron durante agosto con diputados nacionales para explicarles su disconformidad con la iniciativa de García Larraburu y pidieron hacer cambios, pero el proyecto no avanzó.
Fuentes de la comisión de Legislación General de la Cámara baja que lidera Daniel Lipovetzky (PRO) dijeron a NA que el proyecto no está «freezado», sino se están elaborando propuestas para modificar la media sanción del Senado.
Bennazar dijo que el objetivo del sector inmobiliario es alcanzar una iniciativa «que sea ideal para las partes», que beneficie a los inquilinos pero sin impactar de forma negativa sobre el mercado con alteraciones que puedan hacer varias la oferta.
«Intervenir una profesión es injerencia de los colegios provinciales y las instituciones deben ser sagradas. Y hasta acá la profesión viene funcionando impecable, incluso alcanzamos el grado de universitarios», dijo Bennazar.
El empresario indicó que la reforma a la Ley 2.340 que la Legislatura porteña aprobó recientemente es «inviable» por la cantidad de «errores y omisiones» que tiene, debido al «desconocimiento con el que fue tratada».
Bennazar dijo que por la incertidumbre y confusión que generó esa norma que pretendía beneficiar a unas 400.000 familias generó que los propietarios saquen sus propiedades de alquiler y la pongan a la venta.
«La reforma trajo inquietudes al mercado», dijo Bennazar al ser consultado sobre la ley porteña que le puso un tope de 4,15% a las comisiones que pueden cobrar las inmobiliarias por un contrato de alquiler.