Usuarios, comercios e industrias, en jaque por el tarifazo del gas
“Tiene un impacto no sólo en el presupuesto familiar sino también en los comercios, las empresas y las industrias”, advirtió la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines
La compensación de $10.000 millones a las distribuidoras de gas, que el Gobierno decretó cobrar en 24 cuotas con intereses a los usuarios, “tiene un impacto no sólo en el presupuesto familiar sino también en los comercios, las empresas y las industrias”, advirtió la Federación de Trabajadores de la Energía, Industria, Servicios y Afines (Fetia).
Para la entidad, la medida vuelve “insostenible” el desarrollo del modelo productivo y de calidad, además de que conduce al cierre de plantas y comercios.
“Los empresarios y productores deben reaccionar porque esto va a llevar a que se cierren plantas y comercios. Estos costos hacen insostenible el manejo de cualquier actividad económica. Y los consumidores también deben reaccionar porque estas decisiones políticas afectan el bolsillo de una manera muy significativa.”, manifestaron desde la Fetia.
Junto con el aumento de los costos fijos (incluido el incremento de más del 1.000% del gas desde 2015), “el deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores lleva a una caída de ventas que se traduce en suspensiones y despidos. Si a esto se suma el incremento de la tasa de referencia del Banco Central al 74%, el modelo productivo hoy en el país es insostenible”, insistió el secretario general de la Fetia, Pedro Wasiejko.
La decisión del Gobierno de compensar a empresas como Camuzzi por la devaluación, pese a haber obtenido millonarias gracias al tarifazo, fue denunciada por el fiscal Guillermo Marijuán, por el Centro Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis) y ayer sumó un recurso de amparo del senador Fernando “Pino” Solanas para que se deje sin efecto esa cuota extra que “es ilegal y debe ser impugnada”.
Además, la diputada Graciela Camaño impulsó el llamado a una sesión especial para el próximo jueves 18, con el fin de derogar el aumento adicional. Mientras, el Presidente y su secretario de Energía, Javier Iguacel, defienden la medida y amenazan.
“La energía tiene un costo y si no la pagamos ahora la vamos a pagar en el futuro mucho peor […] y en lugar de pagar $3.000, pagaríamos $6.000 o $9.000”, insistió ayer Iguacel.
