El plan de Dinamarca para aislar a los inmigrantes que no quiere en una isla diminuta

El movimiento xenófobo que vive Europa ha calado con fuerza en Dinamarca. En el 2015 ganó las elecciones el Partido Popular danés, una formación anti europea y anti inmigrantes que gobierna en coalición con los liberales. Sus medidas en estos tres años se resumen en una frase que pronunció el primer ministro, Lars Lokke Rasmussen hace apenas un mes

“No es fácil pedirle a las familias que se vayan a su país si realmente ya se han asentado aquí, pero es lo moralmente correcto. No deberíamos permitir que los refugiados sean inmigrantes”. Dicho de otro modo, lo mejor que pueden hacer los refugiados es volver a sus países de origen cuanto antes; Dinamarca solo debe ser un lugar de paso.

Dicho y hecho, el Ejecutivo se ha puesto manos a la obra para hacer que la estancia en el país sea lo más desagradable posible y ha ideado un plan que ya ha despertado recelos en las asociaciones de derechos humanos.

Dinamarca mandará a una serie de inmigrantes a un lugar muy poco acogedor, tal y como revela The New York Times: una isla apartada (Lindholm) de 69.000 metros cuadrados que hoy en día alberga laboratorios, establos y crematorio del centro de investigaciones de enfermedades animales contagiosas. Por si no queda claro el mensaje, el nombre de uno de los dos ferries que comunican (muy de vez en cuando) el lugar con tierra firme se llama Virus.

“No son deseados en Dinamarca y lo van a sentir”, manifestó la ministra de inmigración, Inger Stojberg en una publicación de Facebook disipando todas las dudas (si es que las hubiera) sobre la intención de esta isla.

De momento el plan es mandar a 100 personas allí. Por un lado, a extranjeros que han sido condenados por delitos (y que no pueden trabajar por tener antecedentes penales); y por el otro, a solicitantes de asilo que han sido rechazados y que se encuentran en un limbo legal. Dinamarca no les puede enviar de vuelta a sus países (por temor a abusos o persecución), pero tampoco les ofrece una oportunidad. Todos estos inmigrantes estarán obligados a firmar a diario en la isla y se enfrentarán a prisión si no lo hacen.

Está previsto que las instalaciones estén disponibles desde 2021 y los inquilinos tendrán que dormir allí, lo que hace pensar más en unas condiciones carcelarias que en un lugar en libertad. El propio portavoz del Partido Popular sobre inmigración, Martin Henriksen, se encargó de despejar las dudas:

“Vamos a minimizar el número de salidas del ferry tanto como sea posible. Vamos a hacerlo lo más engorroso y caro posible”, aseguró en una cadena de televisión. El objetivo es claro: dejarles apartados y aislados del resto de la sociedad y que su situación sea tan intolerable que ellos mismos se planteen marcharse del país en busca de una vida mejor.

Por el momento, las asociaciones de derechos humanos guardan silencio sobre la medida, a la espera de conocer más detalles, pero ya empiezan a mostrar preocupación. El Instituto Danés de Derechos Humanos ha asegurado que su organización va a vigilar “muy de cerca” la situación, mientras que los expertos creen que aún es pronto para decir si el proyecto va a ser un confinamiento ilegal, lo que obligaría a intervenir.

Al respecto, Amnistía Internacional en su último informe ha mostrado las dificultades que tienen los inmigrantes para conseguir el asilo, ya que el Gobierno no ha aceptado a ningún refugiado para su reasentamiento. El Ejecutivo anuló un acuerdo con ACNUR en el que se comprometía a recibir 500 refugiados cada año. Ahora, la polémica cárcel significa un paso más en estas políticas.