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Por el recorte en la obra pública, peligran 430.000 puestos de trabajo

La crisis pone a la deriva a albañiles, técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas y a todos aquellos que se mueven al ritmo de una rueda virtuosa capaz de alentar el empleo, el consumo y el crecimiento

Los efectos se pueden presagiar, pero el desastre se verá después, una vez que la tormenta ceda y el agua haya bajado. ¿Cuándo terminará esto? Nadie sabe, recién comienza.

En el Gobierno lo celebran, sonríen por el “gran acuerdo”, la vuelta al Fondo, festejan los miles de millones de dólares que llegarán como una bocanada de aire fresco para la época electoral, postulan estadísticas futuras, invisibles, casi imposibles.

Mientras, la realidad habla por sus argentinos de carne y hueso: los 430.000 trabajadores cuyos puestos de trabajo están en riesgo por el parate en la obra pública, según ha advertido el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Gustavo Weiss.

“Hay que bajar el gasto”, dicen en el Gobierno y en lugar de atacar la bicicleta financiera que fuga divisas, obliga a subir las tasas o a devaluar, se apunta a la madre de la producción, como es la obra pública.

Ya antes del ir a golpear las puertas del FMI, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, había anticipado un recorte de $30.000 millones de inversión en obra pública. Ahora, el panorama se presenta doblemente sombrío: el sector contará con $70.000 millones menos en su presupuesto, “lo que paralizará trabajos de extensión de las redes de agua y cloaca, veredas y asfaltado de calles”, alertó Weiss.

Millones de compatriotas seguirán sin agua, cloacas, ni veredas y otros tantos se preguntarán hasta cuándo pisarán calles de tierra.

Los efectos sobre la economía real pueden ser devastadores. Porque no solo están en riesgo los obreros de la construcción que trabajan desde el primer al último ocaso, los que se levantan a las 6:00 y se acuestan a las 22:00. Son los albañiles, pero también técnicos, capataces, ingenieros, arquitectos, plomeros, electricistas, encargados de corralones y todos aquellos que se mueven al ritmo de esta rueda virtuosa que alienta el empleo, el consumo y el crecimiento.

Calculan especialistas que cuando el país toma un crédito de US$1000 millones para construir, el 40% regresa al Estado por impuestos que pagan contratistas, proveedores, obreros que cobran, consumen y aportan a la AFIP.

En la Cámara de la Construcción dan un número más contundente: los beneficios para el resto de la economía representan 2,14 veces lo invertido. Recortar $70.000 millones en obras es ponerle paraguas a una lluvia de casi $150.000 millones.

Dicen en el sector que atentar contra la obra pública es un acto criminal para la economía y para todo lo que mueve a un país, una provincia, una ciudadr. Tan criminal como la tala de árboles es un bosque.

 

El ajuste que se viene

Tal como anticipó este diario, el Gobierno planifica un primer recorte de 30.000 empleos públicos. En la misma línea, la gobernadora María Eugenia Vidal puso en vigencia el plan de retiros voluntarios que afecta a unos 300.000 trabajadores bonaerenses.